Hoy, estimados lectores voy a tocar un tema estrictamente jurídico y de capacitación policial. A muchos tal vez no les agrade mi punto de vista y lo entenderé, pero este tema debe tratarse con mucha seriedad.
Estoy totalmente de acuerdo en que el hecho es reprobable y terrible, que refleja la falta de capacitación de muchos de los elementos de las policías a todos los niveles en nuestro país.
El hartazgo social, desafortunadamente, se refleja en el linchamiento por las redes sociales y muchos medios de comunicación en contra de quienes por ignorancia, al operar los medios de control en un asegurado, van más allá de las acciones correctas, desafortunadamente también se refleja en la acción populista de una autoridad que no solo aplica incorrectamente el derecho, sino que utiliza la ley penal para demostrar su supuesta mano dura, que no es más que una acción ilegal y populista, como ya lo mencioné.
El hecho es reprobable y se debe castigar, pero es muy importante que se sancione conforme a derecho y con las acciones que involucren a quienes verdaderamente tienen una responsabilidad.
El homicidio de Victoria Esperanza Salazar, mujer salvadoreña, en manos de policías municipales de Tulum debe ser castigado con toda la fuerza de la ley. Los actores materiales, cada uno con un grado de participación, deben ser castigados. Quienes observaron y no intervinieron para evitarlo pudiendo hacerlo, deben ser castigados. Quienes permitieron el trabajo en la calle de policías no capacitados, deben ser castigados. Pero en mi opinión como abogado, que es muy personal, no existe el feminicidio que les imputan, no todos participaron directamente en el hecho y nunca existió la intencionalidad de cometer el delito, por lo que las conclusiones a las que llegó la autoridad investigadora y el juez de control son erróneas, de mala fe y violan las garantías de los imputados.
Sí, estimados lectores, existe un homicidio sin intención, existe un abuso de autoridad y, sobre todo, existe una impericia al aplicar el uso de fuerza, materia básica en la formación policial, pero un feminicidio nunca, repito opinión como abogado y habrá quien no la comparta. La ley no se puede aplicar por aclamación social o por quedar bien con la mayoría, sobre todo si se analiza el artículo 89 bis, que contiene esta figura, en el Código Penal del Estado de Quintana Roo, el cual es muy claro al señalar que el feminicidio es un delito doloso, con intención de cometerlo y en este caso, esa intención no existe. Podríamos ubicar cada uno de los presupuestos del ilícito y no concuerdan con la conducta realizada por los policías. Puede ser más grave si el hecho queda impune por fallas en la investigación, en los erróneos presupuestos en que se basa el proceso o por violaciones a los derechos humanos en contra de los imputados.
No defiendo a los policías porque a fin de cuentas cometieron un homicidio, pero si debo defender la aplicación correcta de la ley.
Por cierto: dieron inicio las campañas políticas para las elecciones del mes de junio en nuestro país, también inician los compromisos y promesas, solo recuerdo a todos los candidatos que la seguridad es un tema toral para la ciudadanía, no lo tomen solo como un peldaño para llegar, trátenlo con seriedad, muchos de los ciudadanos que la exigen son sus amigos, vecinos y familiares.
