Invariablemente, los gobiernos buscan en el reconocimiento social su legitimación, porque se supone, es su objetivo principal y la mejor plataforma política para una continuidad partidista. Algunos lo intentan a través del discurso político y buscan la emoción que producen sus palabras como vínculo ideal, motivando a que su base electoral reaccione más ante la emoción que ante sus resultados.
Los gobiernos que se conducen de esa manera apuestan a mensajes poderosos para reforzar las creencias de la mayoría -no sus certezas- que contribuyan a que la ciudadanía olvide con facilidad los errores cometidos. Para eso, crean una narrativa ficción, para protegerse de una terrible cosa que constantemente los mantiene bajo amenaza: la verdad.
En el Estado de México, al calor de las elecciones para renovar al titular del ejecutivo, pronto veremos cómo se enfrentan los resultados de una gestión de gobierno con el reconocimiento social. Como nunca, el escrutinio social mexiquense a su gobierno jugará un papel altamente definitorio sobre el resultado de la contienda electoral del 2023. La carga emotiva del voto no estará propiamente en las palabras de un discurso, sino en lo que, a la vista, se reconozcan como resultado de una gestión gubernamental.
Son momentos, en que se vuelve muy necesario para la sociedad, hacer valer ese reconocimiento y la legitimidad real en el ejercicio de gobierno, para definir quién debe gobernar por los siguientes seis años a los mexiquenses. Para el poder ejecutivo, también, es el mejor momento para transparentar toda su labor en las distintas parcelas administrativas bajo su control, por ejemplo, educación, economía, desarrollo agropecuario y social, agua o cualquiera otra encargada de cumplir sus compromisos institucionales.
Por el momento, el panorama no es nada halagador para el gobierno del estado, porque de acuerdo con la encuesta del periódico El Financiero, publicada en la primera quincena de noviembre, el gobierno del Estado de México únicamente alcanza el 29% de aprobación y lo desaprueba el 65%; es decir, casi siete de cada diez mexiquenses desaprueban la gestión gubernamental mexiquense. Si bien es cierto que, el titular del ejecutivo estatal no realiza todas las labores de su equipo de trabajo, si responde por los resultados de todos y también lo es qué, muchos de sus funcionarios, abonan para que esas cifras negativas aparezcan con tal impacto, a través de sus conductas y actitudes como servidores públicos.
Lo que refleja esta encuesta de bajo reconocimiento social; es simple y llanamente, una crisis de legitimidad.
En donde ha fallado el gobierno; cuáles han sido las causas que llevan a los funcionarios a no comprometerse con el bien común y con la responsabilidad que conlleva el servicio público y quienes son esos funcionarios que faltan a la ética y al profesionalismo al que están comprometidos en el ejercicio de su actividad, son algunas de las preguntas que debieran estar haciéndose los diferentes partidos políticos que pretenden gobernarnos y las candidatas y candidatos en turno para convertir, sus respuestas, en una oferta política.
Cumplir con la ley, utilizar los recursos públicos de forma eficiente y efectiva; actuar de manera responsable, ética y transparente son los elementos básicos para una evaluación ciudadana responsable. Seguramente de un análisis como ese, surgieron muchas de las calificaciones dadas a conocer por El Financiero.
Solo tenemos que esperar a que los distintos partidos y alianzas incluyan dentro de sus plataformas políticas, los mecanismos que comprometan a sus gobiernos en mayor medida con la transparencia, es la única forma de aumentar la confianza ciudadana y la mejor oportunidad de remontar los dígitos negativos cuando un gobierno viene siendo reprobado por la sociedad.
Se antoja interesante este tipo de propuesta solo al pensar que la cifra que alcanza el número de servidores públicos del gobierno del estado ha alcanzado por lo menos a dos millones de empleados
Ahora, mis preguntas finales: sobre el reconocimiento social mexiquense a su gobierno estatal ¿cuáles han sido las causas que llevan a los funcionarios a no comprometerse con el bien común? ¿Quiénes son esos funcionarios que faltan a la ética y al profesionalismo al que están comprometidos en el ejercicio de su actividad? ¿Cómo se puede salir de una crisis de legitimidad tan grande?
Hasta aquí con una más de: Mis preguntas finales, nos leemos en la próxima.
Guillermo Calderón Vega. Profesor Universitario, abogado, exfuncionario público, Experto en operación, negociación y concertación política. Twitter: @gmo_calderon / Facebook e Instagram: Guillermo Calderon Vega
