Entre las modificaciones que casi todos los partidos hicieron, incluidos Morena y con excepción de Movimiento Ciudadano enviaron una propuesta de reforma constitucional a la Cámara de Diputados a fin de reformar los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución en materia de facultades y atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la que se propone evitar su intervención en los procesos internos de los partidos políticos, entre otros asuntos de la vida electoral del país.
La Barra Mexicana y El Colegio de Abogados señalaron en este sentido, que ésta era una reforma para limitar la actuación del TEPJF, a fin de anular la interpretación que viene utilizando para darle sentido a las modificaciones de los textos constitucionales que son cambios legislativos que atentan contra la autonomía e independencia del TEPJF, así como contra los derechos humanos de las y los mexicanos que reconocen al Tribunal como garante de los derechos políticos y electorales; en esa medida, una institución fundamental para nuestra democracia.
La paridad de género que se discutiría el jueves 13 de abril en la Cámara de Diputados se canceló. El día en cuestión se deliberaría la limitación y la facultad e interpretación del TEPJF, lo que pone en riesgo el derecho de las mujeres y las minorías a ser respetadas en su participación en la vida pública del país.
Se ha señalado que el Siglo XXI es el de las mujeres, pero también el de las migraciones con la presencia de otras minorías. Unas y otras vividas y manejadas como parte de la agenda que más allá de la circunstancia sexenal se resolverán por sí mismas, gracias a la lucha emprendida y por el peso específico de los dos grupos. La geografía política se empezó a modificar y estos dos fenómenos son ya una realidad.
La participación pública de las mujeres llegó para quedarse, al igual que los migrantes que no logren pasar a los Estados Unidos y que se asentarán en nuestro país en una primera generación, en una segunda y más, que los convertirá en mexicanos con derechos y obligaciones.
Quienes se ocupan de estos temas aún no se dan cuenta que se requieren políticas públicas imaginativas y respetuosas de la ley que enfrenten el cambio político, social y cultural que se está dando en México y en el mundo.
