A inicios del 2019 me escribió la mamá de Alexis un pequeñito de Villa del Carbón que enfrenta una batalla contra la leucemia, en su mensaje me solicitaba apoyo económico para el traslado a la clínica donde su hijo era atendido, no obstante, el gasto que implica el transporte manifestaba su preocupación por la falta de medicamentos para el tratamiento de su hijo, mismos que al no recibirse en tiempo y forma ponen en riesgo su vida. Así como Alexis, son cientos de niños los que se han visto en esta compleja situación acentuada por el desabasto de medicamentos, el cual lamentablemente ha apagado los sueños de más de 1,600 niñas y niños. Quienes en lugar de recibir una respuesta inmediata han sido tachados de golpistas, ante su justa exigencia para salvarse.
Con base en datos oficiales del IMSS, el aumento de recetas no surtidas comenzó en 2019 cuando la institución no surtió completamente 5 millones de recetas; en 2020 fueron 15.8 millones; en 2021, 22 millones y, con cifras a agosto de 2022, la cifra acumulada ya iba en 9 millones recetas. Esta grave y compleja situación, deriva de la improvisación y la falta de planeación pues las autoridades ignoraron la complejidad de la cadena de acceso a los medicamentos, cambiando procesos de adquisición y distribución de manera irresponsable, culpando como siempre al pasado, en el que, por cierto, si había medicamentos.
Según datos del INEGI, un hogar afiliado al IMSS destina casi el 40% de su gasto para adquirir medicamentos no proporcionados por el sector público, aunado a la la angustia de enfrentar una enfermedad, las familias de prácticamente todos los estados de la república han tenido que asumir el costo de tratamientos, desde pacientes con cáncer, diabetes, hipertensión, psiquiátricos, hasta niños y recién nacidos, se ven en la necesidad de comprar medicamentos o vacunas, si esto lo sumamos a la terrible crisis económica que atravesamos, los bolsillos se ven afectados considerablemente y en muchas ocasiones se compromete el patrimonio familiar, todo ante la omisión e indiferencia de autoridades con nulo sentido de realidad y sensatez para gobernar.
Ante este panorama tan preocupante, legisladores de la Coalición PRI, PAN y PRD, hemos alzando la voz en innumerables ocasiones y en días pasados nos sumamos a la iniciativa impulsada por el Diputado Éctor Jaime Ramírez, la cual propone la adición de un artículo 34 Bis a la Ley General de Salud, estableciendo que las instituciones públicas de salud estarán obligadas a reembolsar a los derechohabientes, beneficiarios y población sin seguridad social los gastos en que incurran debido a la omisión de servicios y/o entrega de insumos de salud, conforme a sus derechos fundamentales.
Con esta acción nos unimos a la exigencia de las mexicanas y mexicanos, marcando un paso significativo para garantizar el derecho humano a la atención médica, proponiendo soluciones ante la escasez de insumos en hospitales y asegurando que los ciudadanos reciban la atención necesaria cuando lo necesiten, no cuando el gobierno lo decida. Hacemos un llamado a la reflexión y la disposición del grupo mayoritario de Morena y aliados para aprobar esta reforma, teniendo en cuenta que la salud no es un tema de colores o partidos es cuestión de humanidad.
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