Lizbeth Andrea Moreno Rodríguez[1]
Aide Sarai Mondragon Becerril[2]
Dr. Gonzalo Levi Obregón Salinas[3]
En nuestra sociedad, la persistente violencia hacia las mujeres es un desafío significativo. En 2021, el 41.8% de mujeres mayores de 15 años informó haber experimentado violencia en su infancia. Además, en 2022, los casos de violación alcanzaron su punto máximo en el grupo de 10 a 14 años, siendo 4.7 veces más frecuentes en niñas que en niños. Asimismo, el 33.6% de niñas y adolescentes de 12 a 17 años que utilizaron internet recibieron contenido sexual, y el 32.3% enfrentó insinuaciones o propuestas, comparado con el 18.2% y 12.0% de niños y adolescentes hombres.[4]
No obstante, la doble violencia que enfrentan las mujeres indígenas en México ha recibido una atención insuficiente. La violencia contra ellas se encuentra arraigada en un sistema complejo de múltiples estructuras de opresión que se entrelazan y operan simultáneamente. Esta complejidad intensifica las desventajas, exclusiones y desigualdades que experimentan.
Las comunidades, de manera preocupante, normalizan y refuerzan la violencia a través de discursos perjudiciales como "de qué vas a vivir", "tienes que cargar con tu cruz", "los hombres no van a cambiar", "hay que aguantar la violencia" y "no es bien visto que la mujer esté sola, y sin hijos. Tampoco que deje a su pareja". Estos mensajes contribuyen a perpetuar un entorno que desalienta a las mujeres a buscar ayuda o a romper con ciclos de violencia, consolidando así patrones nocivos que afectan su bienestar.
Más que un simple ataque a la integridad física, esta violencia representa una evidente violación de los derechos humanos. Arraigado en condiciones de desigualdad, subordinación y discriminación, la persistencia de la violencia contra las mujeres indígenas es una oscura consecuencia de un sistema patriarcal históricamente arraigado. Esto no solo priva a las mujeres de su pleno ejercicio como ciudadanas, sino que también genera estragos en familias, comunidades e instituciones.
La Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) revela cifras alarmantes sobre la violencia hacia mujeres indígenas en México. El 59.5% ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, siendo la emocional la más prevalente (45.5%). En relaciones de pareja, el 43.9% ha enfrentado violencia, principalmente emocional. En el último año, el 25.3% sufrió violencia de pareja, destacando la emocional (22.2%). Además, se reporta violencia escolar (25.6% a lo largo de la vida, 14.4% último año), laboral (16.0% a lo largo de la vida, 10.1% último año) y familiar (11.1% último año). [5]
Las estadísticas revelan una realidad alarmante de violencia que enfrentan las mujeres indígenas en México. La falta de acceso a la justicia para las mujeres indígenas se manifiesta en obstáculos tanto en el sistema judicial estatal como en el sistema indígena. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que, en los sistemas indígenas, estas mujeres a menudo enfrentan prejuicios patriarcales que limitan su participación, mientras que en los sistemas judiciales estatales, se enfrentan a racismo y a mecanismos inadecuados.
Es esencial garantizar el respeto a estándares internacionales de derechos humanos en el sistema de justicia indígena y promover la debida diligencia, considerando factores socioeconómicos y de género en el sistema judicial estatal, reconociendo la identidad y situación específica de las mujeres indígenas.[6] La violencia contra estas no solo lesiona su integridad física y emocional, sino que también vulnera sus derechos humanos en varias dimensiones.
Por ello es fundamental que la sociedad tome conciencia y se movilice en torno a la doble violencia que enfrentan las mujeres indígenas. El mensaje debe llegar a distintos niveles y diferentes espacios, para generar un cambio significativo. Abordar esta compleja realidad requiere atención especializada y un compromiso firme para erradicar las injusticias. Proteger los derechos humanos de las mujeres indígenas exige un esfuerzo colectivo y continuo, donde la sensibilización y la acción se conviertan en herramientas clave para construir una sociedad más justa e inclusiva.
[1] Estudiante de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México Fes Acatlán colaboradora del programa Laboratorio de Derechos Humanos de la Defensoría Municipal de Cuautitlán Izcalli.
[2] Estudiante de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México Fes Acatlán colaboradora del programa Laboratorio de Derechos Humanos de la Defensoría Municipal de Cuautitlán Izcalli.
[3] Defensor Municipal de Derechos Humanos de Cuautitlán Izcalli, y profesor del posgrado en Derecho de la Fes Acatlán, integrante del SNI, del CONACYT.
[4] https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2023/EAP_VCM_23.pdf
[5] http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/Violencia_indigenas.pdf
[6] https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/348121/Violencia_de_G_nero_Contra_Mujeres_en_Zonas_Ind_genas_en_M_xico.pdf
Esta columna se pudo realizar gracias al programa Buzón de Libros, así como al programa Laboratorio de Derechos Humanos, de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos de Cuautitlán Izcalli.
