La indignación recorre nuestras fibras morales cuando nos enfrentamos a casos como el que hoy nos ocupa. La absolución de un presunto agresor sexual de una niña de apenas 4 años ha desatado la ira colectiva y cuestionamientos profundos sobre el funcionamiento de nuestra justicia.
La escena, captada en video durante una audiencia, nos muestra el desgarrador reclamo de la madre de la víctima hacia el juez encargado del caso. La madre, con voz entrecortada por la impotencia, cuestiona la lógica detrás de la absolución, preguntándose cómo puede esperarse que una niña de tan corta edad recuerde con exactitud la hora y el lugar de un evento traumático.
La respuesta del juez, basada en una supuesta insuficiencia probatoria, resulta inaceptable e indignante. No solo representa una afrenta a la madre y a la víctima, sino también una traición al principio fundamental del interés superior de la niñez, que debería guiar todas nuestras acciones judiciales y legales en casos que involucren a menores.
La incapacidad del sistema para comprender y abordar adecuadamente los casos de violencia sexual contra niños y niñas refleja una falla estructural que exige una pronta y enérgica corrección.
Este caso pone de manifiesto la urgente necesidad de reformar nuestro sistema de justicia para asegurar que se protejan y defiendan los derechos de los niños y niñas, especialmente frente a casos tan sensibles como el abuso sexual. Es fundamental que se apliquen medidas efectivas para garantizar la justicia y la reparación a las víctimas, así como para prevenir la impunidad y la revictimización.
En este sentido, es importante destacar el compromiso de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien ha demostrado ser una líder sensible y comprometida con la protección de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres. Su política de género y su apoyo decidido a este caso incluso ante instituciones como la CODHEM o el propio Poder Judicial resultaron fundamentales y son pasos sustanciales hacia la construcción de un Estado que garantice una vida libre de violencia y acceso a la justicia para todas las personas, sin importar su género o edad.
Es imperativo que, como sociedad, exijamos un sistema de justicia que proteja y defienda a los más vulnerables, que garantice que los responsables de estos actos atroces enfrenten las consecuencias de sus acciones y que brinde el apoyo necesario a las víctimas para su recuperación y sanación.
Solo así podremos construir un mundo más seguro y justo para nuestros niños y niñas, donde no se toleren ni se excusen los actos de violencia y abuso, y donde la justicia prevalezca sobre la impunidad y la indiferencia.
