El debate en torno a la despenalización del aborto ha sido uno de los más intensos y polarizantes en la sociedad mexicana. En un país donde la laicidad del Estado debería ser un principio rector, la realidad es que las decisiones legislativas sobre los derechos reproductivos de las mujeres se ven influenciadas por prejuicios y creencias religiosas que, en muchos casos, vulneran la dignidad y libertad de las mujeres.
Ninguna mujer, independientemente de su edad o condición social, debería enfrentar en soledad la decisión de interrumpir su embarazo. Sin embargo, es una realidad que las mujeres mexicanas —y en particular aquellas de sectores vulnerables— se ven orilladas a someterse a procedimientos clandestinos debido a la falta de una legislación adecuada. La criminalización del aborto es una brecha más de la desigualdad estructural que enfrentan las mujeres, sobre todo las que menos recursos económicos y educativos tienen. Es doloroso constatar que, en pleno siglo XXI, la vida de tantas mujeres sigue estando en peligro por prácticas inseguras que deberían ser parte del pasado.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) marcó un hito histórico en 2021 al declarar inconstitucional la penalización del aborto en México. Este fallo debería haber garantizado el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo sin temor a ser perseguidas o estigmatizadas. No obstante, la implementación de esta sentencia en todo el país aún enfrenta importantes retos. Aunque 15 estados han despenalizado el aborto, en otros —como el Estado de México— las mujeres siguen siendo criminalizadas por ejercer este derecho básico.
El Estado de México, uno de los más grandes y poblados del país, no puede quedarse atrás en la protección de los derechos reproductivos de las mujeres. La ausencia de una legislación que garantice el acceso a abortos seguros y legales coloca a las mujeres mexiquenses en una posición de vulnerabilidad inaceptable. Cada vez que una mujer se ve obligada a recurrir a un aborto clandestino, el Estado falla en su deber de proteger la salud y la vida de sus ciudadanas.
El debate no es sencillo. Las posturas en contra del aborto, muchas veces enraizadas en creencias religiosas o morales, deben ser escuchadas y respetadas. Sin embargo, en un Estado laico, ninguna de estas visiones debe imponerse sobre las demás cuando se trata de los derechos humanos. Las leyes deben ser inclusivas y generar equilibrios que permitan a las mujeres tomar decisiones informadas y libres sobre su maternidad.
No se trata de imponer una visión única, sino de garantizar que todas las mujeres tengan el derecho de decidir si desean ser madres y en qué momento. La maternidad voluntaria es una pieza clave en la construcción de la igualdad jurídica y social. Las mujeres deben ser libres para tomar decisiones sobre su cuerpo sin que ello implique un riesgo para su vida o su libertad.
Es necesario convocar a una discusión social amplia, basada en aportes científicos y libres de prejuicios, para analizar con serenidad los términos de la despenalización del aborto en el Estado de México. Las leyes locales deben armonizarse con los principios de igualdad y justicia, reconociendo que la penalización del aborto no solo perpetúa la violencia institucional, sino que pone en riesgo la vida de las mujeres. Es tiempo de que nuestras leyes reflejen un respeto genuino por la autonomía y libertad de las mujeres mexiquenses. Solo entonces podremos decir que vivimos en una democracia que verdaderamente respeta la dignidad humana.
La armonización legislativa es un paso indispensable hacia una sociedad más justa y equitativa. Las mujeres del Estado de México no deberían tener que esperar más para que sus derechos sean reconocidos y protegidos.
