El nombramiento de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en noviembre pasado, dividió a los morenistas, unos a favor de Rosario Piedra y otros de Nashieliu Ramírez. El principal cuestionamiento a Piedra era la cercanía con el gobierno anterior. Independientemente de alcanzar el consenso de la bancada morenista, los resultados de su primera gestión son muy cuestionables. Quizá por eso han emprendido una campaña publicitaria para impulsar una percepción diferente.
Echemos un vistazo a los resultados que Human Rights Watch (HRW), organización no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, presentó en su más reciente informe. Revisemos los aspectos más representativos.
Según HRW en cuanto a seguridad y acceso a la justicia, en 2022, 2 de cada 3 homicidios se cometieron con armas de fuego 70% de ellas provenientes de Estados Unidos. Además, en ese año, las autoridades sólo resolvieron el 1% de los delitos que se cometen, aunque se alcance el 16% de las denuncias (no se denuncian el 90% y se investiga uno de cada tres). Las detenciones, la tortura y las ejecuciones todavía son una práctica habitual entre las policías y fiscalías. La mitad de los detenidos dijo haber sido sometido a abusos físicos y, de quienes confesaron un delito, 38% dijo haber sido amenazado o golpeado por la autoridad.
En México los jueces están obligados a dictar prisión preventiva por disposición de ley, aun cuando esta viola estándares del derecho internacional. En 2022 más del 40% de los encarcelados en 2021 no había sido condenado por algún delito. La Corte Internacional de Derechos Humanos determinó, en noviembre de 2022 y en enero de 2023, que las autoridades mexicanas violan estándares internacionales, aun así, han hecho caso omiso al respecto.
El documento que revisamos informa que entre 2007 y 2023 (julio) se reportó la muerte de 5,488 civiles a manos del ejército. Los abusos militares rara vez se investigan. En 2022 la CNDH recibió 1005 quejas, la cifra más alta en 9 años. Adicionalmente, existen evidencias de que con el programa Pegasus tanto defensores de derechos humanos como periodistas, partidos políticos opositores y altos funcionarios fueron espiados dentro de sus responsabilidades.
Las personas con discapacidad tienen dificultades para acceder al ejercicio de sus derechos, a la justicia, a la educación y su capacidad jurídica está mermada. Y cuando tienen que hacer uso de los servicios de salud, privados como públicos, sufren violencia de manera desproporcionada.
No obstante, las miles de personas desaparecidas no se toman medidas básicas para buscarlas. Además, es evidente la falta de capacidad forense. En 2021 no lograron identificar 10 mil restos humanos. Peor todavía, entre 2006 y 2023 se encontraron 5,600 fosas clandestinas. Y claro, a su más puro estilo, con más de 110 mil desaparecidos, López dijo que la cifra había sido alterada para afectar a su gobierno.
Respecto al acceso a la información pública y la protección de datos personales, se han delegado funciones gubernamentales a las fuerzas armadas que con frecuencia se niegan a cumplir solicitudes de información pública. Hay que tener presente que el órgano que defendía el derecho a la información ha desaparecido.
Nuestro país es uno de los más peligrosos para periodistas y defensores de derechos humanos. Ocho periodistas (enero a septiembre de 2023) y 22 defensores de derechos humanos (sólo en 2022) fueron asesinados. La organización Artículo 19 registró 272 amenazas contra informadores que, es común, no se investigan adecuadamente. La fiscalía especializada de 2010 al 2023 realizó 1654 investigaciones de las que resultaron 35 sentencias condenatorias, incluidas 7 por homicidio. Lamentablemente, nuestra entidad no se salva y recientemente, a pesar de las reiteradas denuncias por amenazas, tuvimos noticia del asesinato de Calletano de Jesús Guerrero, subdirector de Global México.
Finalmente, el Índice Global del Estado de Derecho 2024 (publicado por World Justice Project) reporta que, durante el año del informe, el estado de derecho se debilitó en el 57% de los países que miden en comparación con 2023, debido principalmente a las tendencias autoritarias, la desaparición de contrapesos (límites) al poder gubernamental y la falta de protección de los derechos humanos. Como diría Nelson Mandela “privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad”. En mi opinión, los informes que les presenté reportan la pérdida de nuestros derechos y libertades. ¿Qué perciben ustedes en su vida diaria? Esa respuesta es fundamental.
*El autor es Maestro en Administración Pública y Política Pública por ITESM y Máster en Comunicación y Marketing Político por la UNIR.
