En el Valle de Toluca, mientras el transporte concesionado regular dice ahogarse en trámites, peticiones ignoradas y tarifas congeladas desde hace seis años, hay otro sector que, sin pena ni gloria, hace lo que quiere.
Y lo hace bien: cobra tarifas más altas y las sube cuando quiere, no da explicaciones a ninguna autoridad (o eso parece) y encima dice que tiene autorización. ¿De quién? Pues nadie lo sabe. Tal vez de la Virgen del Camino o del Uber clandestino. ¿Habrá alguien en la Secretaría de Movilidad que los proteja?
Nos referimos al transporte irregular. Esos vehículos que todos conocen, una gran parte de la población los usa y casi todos fingen que no existe, incluyendo —por supuesto— a la propia autoridad del ramo, que parece se hace, como muchos que han pasado por ahí, de la vista gorda.
Este servicio, que legalmente no es en realidad servicio público, pero en la práctica mueve a media población del Estado de México, acaba de subir su tarifa sin un solo documento, boletín o comunicado.
De repente, de la noche a la mañana, el colectivo en Temoaya pasó de 12 a 15 pesos. ¿Quién lo autorizó? Ellos mismos. ¿Y la autoridad? Bien, gracias. Eso, por supuesto, obligará a las protestas del transporte regular, quien no exigirá se le autorice el aumento, que, de acuerdo con el líder de Canapat, Odilón López Nava, desde hace más de seis años fue congelado y tiene ahogadas a las empresas transportistas.
El transporte regularizado —sí, ese que al menos paga permisos, placas, revisiones y empleados a los que paga salarios— sigue esperando que alguien en la Secretaría de Movilidad por lo menos tenga un poco de atención y voltee a verlos.
Lo que están pidiendo es solo una actualización tarifaria que refleje la realidad económica de los operadores, los cobradores, los mecánicos, los que sostienen ese sistema que, aunque con algunas situaciones, es legal. Muy bien, que se les atienda, pero también que se les obligue a otorgar un buen servicio.
Odilón López Nava, delegado de la CANAPAT, dio a conocer que “La parada mínima en el transporte irregular es de 25 pesos”. Pero ese abuso no es nuevo. Lo verdaderamente nuevo es la impunidad con la que se aplica. Es increíble que eso pase sin que nadie les diga nada y sea la población la que pague los platos rotos de toda esta situación.
López Nava se queja de que sí ellos como concesionarios se atreven a subir las tarifas sin permiso de la autoridad, les cae todo el peso. Pero los irregulares siguen circulando y cobrando lo que les da la gana sin que nadie haga nada al respecto. Si eres irregular, eres invisible. ¿Por qué? Es aquí donde surgen las suspicacias.
El problema en el transporte no es solo en lo económico con el tema de las tarifas. Es estructural. Es una autoridad que no regula, no vigila, no sanciona. Es un usuario que se resigna a pagar porque “no le queda de otra”. Es un grupo de operadores informales, que han aprovechado la situación y entienden mejor que nadie cómo funciona trabajar aquí en el Estado de México, un vehículo de transporte público: sin ley, pero con maña.
La anarquía sobre ruedas va a toda velocidad y también cobra muchísimo más. No te atrevas a tener un accidente o incidente con ellos. Primero, al lugar llegar decenas para intimidar, luego, aunque sean los responsables, se niegan a pagar.
Pero lo más lamentable de todo es que la gente no tiene otra opción que seguirlo pagando. Ya tiene la autoridad una cuenta de cuántas personas han fallecido en accidentes de taxis colectivos y cuántos han quedado con secuelas graves. ¿Les han retribuido algo con algún seguro? Nada. No hay nada de eso. No existe. Y lo peor es que se sigue pagando con lo que ellos deciden, no lo que diga o debería decir la autoridad, porque esa, la tienen ellos.
