Una resolución distinta. Porque en ella convergen factores que pocas veces se atienden con suficiente seriedad: ser mujer, indígena, tener una discapacidad mental… y enfrentar un proceso penal.
La Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de México resolvió un recurso de apelación interpuesto por la defensa pública de una mujer indígena, hablante de náhuatl y con discapacidad mental, condenada por el homicidio de su hijo. Un caso complejo, sensible, que revela cómo la justicia no puede ser ciega a las condiciones particulares de las personas.
Desde el inicio del proceso se observaron omisiones importantes. Aunque la mujer se identificó como indígena y afirmó hablar náhuatl, la interpretación fue deficiente. A ello se sumó la falta de una evaluación profesional adecuada para determinar su imputabilidad, lo cual dejó sin sustento clave una sentencia condenatoria que la mantenía en prisión, con una medida de seguridad de hasta 40 años.
Lo que hizo la Sala fue ir más allá del expediente, mirar con atención lo que muchas veces se deja de lado: la intersección entre género, origen étnico y discapacidad. Bajo esta perspectiva, que más que tendencia es un imperativo de justicia, se revisaron las irregularidades del caso. El resultado fue contundente: no existían pruebas suficientes ni condiciones procesales válidas para sostener la condena.
Las magistradas y magistrados no solo revocaron la sentencia y ordenaron su libertad; también tomaron medidas para proteger los derechos de sus otros hijos, asegurando una convivencia supervisada. Una decisión que cuida no solo el presente, sino el futuro de una familia afectada por múltiples vulnerabilidades.
Este caso no debe pasar desapercibido. Es muestra de lo que implica aplicar el Protocolo de Juzgamiento con Perspectiva Intercultural, un instrumento que, cuando se usa de forma real, permite hacer justicia más allá de lo estrictamente legal.
La nulidad de la sentencia no solo liberó a una mujer injustamente condenada. También evidenció las grietas de un sistema que, durante años, ha ignorado realidades culturales, lingüísticas y sociales.
Pero, además, dejó en claro algo más: que en el Poder Judicial del Estado de México hay juezas, jueces, magistradas y magistrados que no solo leen expedientes, sino que escuchan, observan y entienden. Porque solo así es posible avanzar hacia una justicia que, además de juzgar, también repara.
Con contundencia:
Quedan dos semanas para la elección de cargos del Poder Judicial federal y estatal. Candidatas y candidatos tratan de llegar al ánimo de los electores como han podido. Ahora todas y todos tienen redes sociales. Se animaron porque no les dejaron otra opción, pero pocos cuentan con expertos para su manejo.
En desesperación, porque no ven resultados o tratando de hacerlo lo mejor posible aunque no puedan, lo cierto es que la moneda está en el aire. Ya son pocos días de campaña.
