La relación entre México y EE. UU. no ha sido la ideal a través del tiempo. Se ha mantenido con sus altas y sus bajas, incluyendo enfrentamientos armados; sin embargo, de una u otra manera han encontrado la vía diplomática para reconciliar diferencias. Hoy, ambos países, junto con Canadá, forman parte del tratado comercial más importante de la zona.

No obstante, se abrió un nuevo episodio que ha enfriado la relación bilateral, recrudecida con la llegada, de nueva cuenta, a la presidencia del país de las barras y las estrellas de Donald Trump, quien, al instante de tomar el cargo, disparó la declaración de considerar a algunos de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

No es cosa menor. La calificación señalada encendió las luces de alerta del gobierno mexicano desde el momento mismo de darse a conocer. A pesar de ello, puede ser por impericia, desconocimiento, desinterés o cierta complicidad, pero la reacción no ha sido la esperada.

Eso puede evidenciarse con la displicencia con la que ha reaccionado el gobierno de Claudia Sheinbaum. Parece que la política a seguir es atizar el fuego, como si el propósito fuera el de catapultar un enfrentamiento con los gringos, como recurrentemente lo hace el presidente del Senado de la República.

¿Desinterés? O más bien: ¿se trata de acciones calculadas? En este sentido, las declaraciones que han manifestado importantes políticos del nuevo régimen han provocado diversas reacciones en los círculos de poder del socio comercial mexicano.

Independientemente de ello, lo que tiene que atenderse de inmediato —como lo ha venido haciendo el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch— es el tema de la seguridad pública, que implica combatir a la delincuencia organizada con motivo de la calificación impuesta de llamarlos grupos criminales terroristas y la introducción de droga sintética hacia el norte. También, desde luego, investigar a quienes les facilitan su actividad ilícita.

Por lo anterior, y aunque se niegue una y otra vez que efectivamente exista una relación entre esos grupos con diversos gobiernos municipales, estatales y el gobierno federal, la insistencia por parte de EE. UU. y los recientes acontecimientos apuntan en esa dirección. Lo más delicado es el señalamiento del presidente estadounidense, quien acusa la existencia de una relación intolerable entre los narcotraficantes y el gobierno de México; aunado a ello, la afirmación de que Sheinbaum les tiene miedo.

El desempeño del gobierno de la 4T genera recelo al estadounidense, quien le estaría exigiendo actuar legalmente en contra de esos políticos que tienen nexos con el crimen, a lo que se ha negado sistemáticamente Sheinbaum, pues continúa con la narrativa implementada por su antecesor y parece decidida a continuar con ella a pesar de todo.

La pregunta que podría hacerse entonces sería: ¿detrás de quién va el gobierno de Trump?

Por otro lado, son muchos los mensajes que, a estas alturas, ya es imposible negar la disimilitud que ha degradado esas relaciones, y que desafortunadamente se lleva por delante a los migrantes mexicanos, quienes han pagado el costo de esta condición.

Cruel para una comunidad que ha generado una importante cantidad de dólares a través de las remesas que se envían a México y que termina el gobierno por presumir, cuando debería avergonzarse por no poder ofrecer a sus ciudadanos mejores oportunidades de trabajo y de vida.

Los mexicanos radicados en los Estados Unidos han demostrado que lo que quieren es trabajar y ganar mejor para elevar el nivel de vida de sus familias que aún permanecen en México. Además, las remesas ayudan enormemente a la economía: en 2024 el país recibió 64,700 millones de dólares por ese concepto, mientras que las inversiones se encuentran cada vez más alejadas del suelo azteca.

A lo anterior habría que sumarle el dardo envenenado que lanzó el Departamento del Tesoro al señalar a tres instituciones financieras mexicanas de ser partícipes de esquemas de lavado de dinero, por lo que emitió una orden para impedirles continuar funcionando como lo hacían. Esta imputación es la más grave que se ha presentado para el sistema financiero mexicano.

El Departamento del Tesoro, a través de la Red de Control de Delitos Financieros, señaló que las instituciones financieras de México involucradas jugaron un papel fundamental en el lavado de millones de dólares que favorecieron a los cárteles mexicanos para el abasto de precursores necesarios para la elaboración del fentanilo.

Esas instituciones son: CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, esta última propiedad de Alfonso Romo, quien se desempeñó como jefe de la Oficina de la Presidencia de la República en la administración de Andrés López Obrador. Los grupos de la delincuencia beneficiados serían: Sinaloa, el del Golfo, Jalisco Nueva Generación y el de los Beltrán Leyva.

Las acciones que ha venido realizando Estados Unidos para frenar a como dé lugar el tráfico de drogas a su país continuarán. No parece que terminen pronto, y el gobierno de México, mientras eso sucede, se encuentra dando “palos de ciego”.

La relación México–EE. UU. se encuentra en el momento más crítico de los últimos tiempos, y eso no es nada bueno para los mexicanos.