El golpeteo a las instituciones electorales y de fiscalización y combate a la corrupción en el país esta vez arrasó con Muna Dora Buchahin, funcionaria de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), responsable de investigar la “Estafa maestra”, entramado de corrupción que involucra el presunto desvío -para la compra del voto- de 7 mil millones de pesos por parte de funcionarios de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), bajo la gestión de Rosario Robles Berlanga.
Buchahin, ex directora general de auditorías forenses de la ASF, fue destituida apenas este jueves de manera “sorpresiva” e “improcedente”, como ella misma cita en una misiva (difundida en el portal de Aristegui Noticias), en la que revela que tenía en curso otras indagatorias que involucran “graves” desvíos por alrededor de 275. 2 millones de pesos, operados también por Robles Berlanga, antaño opositora del PRI que en los 90 denunció invariablemente a los priístas de hacer un “uso clientelar y electoral” de los multimillonarios recursos públicos destinados al combate de la pobreza en México.
La funcionaria despedida de la ASF, reconocida internacionalmente por sus indagatorias y con una trayectoria de 13 años en el máximo órgano fiscalizador del país , sufrió la misma suerte que el ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, cesado en octubre pasado por supuestamente “filtrar” información del macroentramado Odebrecht, a través del cual esa constructora admitió haber sobornado con 10.5 millones de dólares a firmas presuntamente vinculadas con el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, encargado entonces de la campaña electoral de Enrique Peña Nieto.
Buchahin en su carta denuncia que teme por su integridad física a causa de las indagatorias que efectuaba, tal y como en su momento difundió el ex fiscal de la Fepade, Nieto Castillo, quien ha recibido diversas amenazas y que hace unos días dio a conocer al periodista Jenaro Villamil (Proceso no. 2169) el “fraude” que se estaría preparando a través del debilitamiento del Instituto Nacional Electoral (INE), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de la Fepade, y ahora de la ASF.
Nieto Castillo -quien se ha sumado al equipo del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador- ya alertó del intento del PRI de reeditar el “modelo de fraude” del Estado de México, laboratorio electoral donde se hizo uso de recursos multimillonarios del erario para la compra de votos y el condicionamiento de programas sociales, entre otras acciones.
Resulta abrumador que a unos días de las elecciones del 1 de julio ocurra el cese fulminante de una funcionaria que se ha conducido con honestidad y tenía a su cargo ocho auditorías vinculadas con otros desvíos vinculados a Robles Berlanga, cuya trayectoria en la izquierda hace varias décadas quedó atrás para convertirse en el presunto brazo operador del PRI.
No sorprende que Buchahin haya sido despedida por David Rogelio Colmenares, quien trabajó bajó las órdenes de José Antonio Meade -hoy candidato del PRI a la presidencia- en la Secretaría de Hacienda, como jefe de coordinación de entidades federativas. Apenas en marzo pasado, Colmenares fue nombrado titular de la ASF, uno de los máximos órganos de fiscalización del país, cuya misión es sancionar a funcionarios involucrados en actos de corrupción. En el cese de Buchahin se tramó un supuesto “conflicto de intereses”.
Sin duda, en México vivimos el mundo al revés. Justo este viernes cayó en España el gobierno de Mariano Rajoy por actos de corrupción en que incurrió su partido, el Partido Popular, hace décadas y en los que el ahora ex presidente no estaba involucrado. En cambio, en nuestro país, funcionarios al servicio del PRI eliminan a quienes denuncian el desvío de recursos del erario, justo a unas semanas de los comicios presidenciables.
