A unos días de llevarse a cabo la tan sonada consulta ciudadana para decidir si se continua con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en los terrenos del Lago de Texcoco, o se desecha, considerando sedes alternas al actual, adecuando los actuales de Toluca y Santa Lucía para ese efecto, el debate ha subido de tono entre aquellos que defienden una y otra postura.
Por un lado, los fieles a López Obrador, detrás de su respaldo a realizar la consulta, muestran su inclinación a que se eche para atrás el proyecto de Texcoco, el cual lleva el sello de la aún administración federal que encabeza Enrique Peña Nieto. Argumentan que los terrenos aledaños ya fueron adquiridos por empresarios afines al actual sistema, lo cual les representa negocios millonarios.
Por otro lado encontramos a quienes están a favor de continuar con la obra ya iniciada, por su factibilidad, avalada por el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM), la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros (UMAI), y la Academia de Ingeniería. Además de que cancelarla, implicaría un desperdicio de dinero por el orden de 100 mil millones de pesos, de acuerdo al dictamen presentado por el equipo de transición del propio López Obrador.
Ante estos escenarios, vale la pena destacar dos variables: la primera, la gran tontería que sería tirar a la basura la inversión ya realizada, y sumar al proyecto los estudios de factibilidad de los nuevos sitios, lo que se calcula en alrededor de 200 millones de pesos más, sumado al tiempo que se llevaría realizarlos.
La segunda variable reside en que no se trata de una decisión que deba ser tomada en la inercia de la popularidad, sino por expertos en la materia.
La figura del plebiscito (o consulta ciudadana), si bien es perfectamente legal, tiene sus desventajas, como que la decisión popular se toma en pleno desconocimiento de los causes técnicos para realizarla, ajustada a un efecto electoral por todos conocido, tomando en cuenta que la pregunta carece de información adicional para tomar una decisión consiente.
Me temo que pese a la presunta democracia que implica realizar una consulta, hay temas que no pueden dejarse al calor de una reciente elección presidencial, matizada por el hartazgo social.
Ahí tenemos ejemplos internacionales claros de los costos de una consulta popular como ocurrió en Reino Unido con el Brexit, que ha derivado en debacles financieras que están ahora pagando los británicos.
Así pues, del 25 al 28 de octubre, los mexicanos interesados en participar en las 1,073 mesas de votación en 538 municipios en los 32 estados de la República, decidirán cuál será la opción para construir el próximo aeropuerto de la Ciudad de México, mediante la siguiente pregunta:
“Dada la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México ¿cuál opción plantea que sea mejor para el país?”.
Las dos respuestas son:
-Reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía.
-Continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Esperemos, por una vez, los participantes ocupen la prudencia.
