Toluca/Estado de México
Derivado de las deudas que cada trienio de las administraciones municipales dejan y que en este año ascienden a 4 mil millones de pesos por productos y servicios que no fueron cubiertos por las autoridades municipales salientes, los empresarios mexiquenses demandan al Congreso mexiquense reformas a la ley que brinden certeza sobre que los ayuntamientos cumplan con sus obligaciones o de lo contrario haya sanciones.
Integran sistemas municipales para la igualdad de trato y oportunidades
El presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), Gilberto Sauza Martínez expresó que ante el cierre catastrófico que tuvieron las pasadas administraciones municipales y a 44 días del arranque de las nuevas administraciones municipales, el sector empresarial no tiene respuesta en lo referente al pago de productos y servicios que se le adeudan y que al momento tiene cerca de 2 mil unidades en peligro de cierre.
Añadió que las nuevas autoridades -en el mejor de los casos-, han reconocido el adeudo que tienen pero eso no significa que cuenten con el dinero para pagarlo o que haya un plan de pago para los proveedores, lamentó.
En el análisis hecho, indicó, saben que al menos 18 mil empleos directos están en riesgo de no recibir el pago, aunque como sector empresarial no quiso señalar a las nuevas administraciones como insensibles, sino el problema es la ley, que permite endeudamientos que los ayuntamientos no pueden cubrir.
Además, enfatizó, las limitantes para que el Órgano Superior de Fiscalización estatal audite oportunamente a los municipios, pues apenas en días pasados se recibió el resultado de la Cuenta Pública 2020.
"Lo que quiere decir que no sabemos en realidad de cuánto es el problema financiero de los municipios y no lo vamos a saber dos años después".
Por lo que señaló, buscan que los diputados doten de herramientas para que el órgano auditor realice los ejercicios de fiscalización sobre el año corriente, no uno o dos años después, también que frenen endeudamientos imparables porque deben autorizarlo en la Cámara de Diputados de acuerdo al presupuesto de cada municipio. También pidieron establecer que no solo se sancione la conducta de desvío de recursos sino se establezcan de acuerdo con el monto, al ser urgentes "acciones y consecuencias ejemplares".
Refirió que cualquier municipio tiene determinada la forma en que recibirán los ingresos y cómo lo deben gastar, "lo que es increíble es que hasta dos años después de agotado el recurso, se hace la auditoría y si los gastos no estuvieron apegados a derecho, nos enteramos hasta después".
Espera CANACO SERVYTUR Toluca gran derrama económica este 14 de febrero
Por lo que Sauza Martínez insistió en que se requiere un cambio legislativo en el que se dote de facultades al OSFEM para revisar el año corriente, saber en el momento oportuno cómo se están trabajando y de qué manera.
"Seguimos sin entender la forma en que el municipio realiza la compra de servicios y productos, la contratación de servicios si no está autorizado por la Cámara de Diputados y cómo lo hacen por qué no pagan".
Para esta propuesta, dijo, sostuvieron reuniones con legisladores de Morena, PRI y PAN, además buscan al resto de las bancadas, porque es importante establecer sanciones individualizadas.
