Estado de México
Gricelt Caballero, abogada dictaminadora adscrita a la Comisión legislativa Especial de Amnistía -quien lleva laborando ocho años en el Poder Legislativo- denunció ante la Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia, al secretario técnico de la Comisión Especial de Amnistía del Poder Legislativo, por presunta violencia laboral, por lo que pide a las autoridades tomen cartas en el asunto.
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Indicó que después de amenazas, incluso de muerte, decidió denunciar también ante la Fiscalía Especializada contra la Violencia de Género, por lo que responsabilizó al presunto victimario de cualquier cosa o situación que le pueda ocurrir a ella o a su familia.
Narró que desde que prestó sus servicios como Abogado Dictaminador, en la Comisión Especial de Amnistía, con sede en el edificio que ocupa el Instituto de Estudios Legislativos del Estado de México (INESLE) fue maltratada por el servidor público, mencionó que con palabras altisonantes la agredía, sin permitirle laborar.
“Nunca me dieron llave de acceso a la oficina y permanecía en espera de las 9:00 de la mañana, hasta las 12:00 del día. Ello le consta a todas las servidoras públicas de la Oficina del (Sectec), Secretaría Técnica, que durante más de un mes me vieron esperando afuera de la oficina principal sin poder entrar a mi área de trabajo”.
Indicó que cuando la asignaron a la Comisión Especial de Amnistía, lograron ubicarla, pero sin equipo de cómputo, contrario a lo que ocurría con “Andrea”, la responsable de servicio social, quien tenía incluso llaves de la oficina principal, justo donde se encuentran los archiveros que contienen los expedientes de amnistía.
“Desafortunadamente, he tenido que tolerar las groserías del secretario técnico de la Comisión, por temor a perder mi trabajo, pues lo único que deseo es tener estabilidad laboral, razón por la cual no he querido molestar con este tema al diputado titular de la Comisión, pero la verdad ya estoy cansada del maltrato laboral de que he sido objeto, mi estado de ánimo ha cambiado, he caído en depresión debido al maltrato laboral, verbal y psicológico del que soy objeto”.
Dio a conocer que, aunque acude día a día a su fuente de trabajo, vive en constante segregación y exclusión laboral por parte del servidor público mencionado, quien incluso le ha pedido que salga de la oficina principal para dejarla cerrada.
“La violencia laboral o mobbing laboral de que he sido objeto ha sido permanente. Es evidente que el servidor público en mención pretende excluirme del círculo y actividad laboral, pues aun y cuando soy la única persona con nombramiento de servidor público, yo soy la única persona que no tiene los medios para realizar sus funciones”.
Se dijo convencida de que la denuncia es una de las principales herramientas para erradicar la violencia, “debemos de confiar en nuestras instituciones para garantizar un espacio mejor, libremente y con respeto pleno a nuestra dignidad humana.”
“Lamentablemente, la unidad de la Legislatura no funciona y la mayoría de las mujeres se quejan de lo mismo, por eso decidí acudir a la Fiscalía”.
A decir de la víctima, hace unos días, el diputado Sergio García Sosa, del PT, acudió a las oficinas, pero no ocurrió nada, incluso lamentó que ella siga en su oficina laborando sin ni siquiera una computadora.
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