En comisiones, continuó el análisis de la iniciativa que tipifica el delito de expedición ilegal de licencias y documentos de control vehicular, como placas de circulación, calcomanías, permisos y tarjetas de circulación, además se presentó una actualización a la propuesta del legislador priísta, Jesús Isidro Moreno Mercado.
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Dicha iniciativa de reforma al código Penal y Administrativo de la entidad plantea sancionar con prisión a las y los particulares que oferten, tramiten, gestionen y entreguen cualquier documento o instrumento relacionado con el control vehicular de otras entidades federativas en territorio estatal, procedentes de una actividad ilícita o simulada.
Asimismo, conforme al documento, se proponen sanciones de seis meses a un año de prisión a quien ofrezca, tramite o gestione en la entidad: Licencias, permisos, placas y tarjetas, engomados, calcomanías de identificación, constancias y hologramas de identificación, lo mismo que permisos provisionales de manera ilegal o en un lugar de expedición no regulado o autorizado.
Conforme a la propuesta, se entenderá que existe gestión cuando se advierta el ofrecimiento de servicios de intermediación sin la existencia de un mandato legal en términos de la norma aplicable.
Alonso Adrián Juárez Jiménez, legislador panista, refirió que se preserva el objetivo de fondo de la iniciativa, pero se precisa que incurren en dicho delito quienes ofrezcan estos servicios.
Su compañero de partido, Gerardo Lamas, enfatizó que sigue abierto el proceso legislativo y no procederá la votación hasta que no se cuente con la opinión y propuestas de instituciones como la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Los legisladores morenistas, Carmen de la Rosa Mendoza y Valentín González Bautista solicitaron se les haga llegar la iniciativa con las adecuaciones para analizarla y expresar sus puntos de vista, en tanto que Valentín González dio a conocer que el ‘coyotaje’ no es privativo de los trámites vehiculares, pues ocurre en muchas otras áreas de gobierno debido a la burocracia y complicidad de personas servidoras públicas.
