Los tiempos son convulsos en el mundo, somos testigos de protestas derivadas del hartazgo social: una mezcla de desánimo alentado por la incertidumbre que genera la crisis de salud, las demandas de justicia ante los abusos de autoridad policiaca y la falta de respuestas institucionales a los grandes problemas globales.
La protesta social es un derecho político, vinculado a la asociación o reunión pacifica con un objeto lícito. Es la libertad para exigir legítimamente que los derechos se cumplan y que podamos ejercerlos, siempre bajo la premisa del respeto a los demás.
La naturaleza de las protestas es visibilizar las demandas a partir de la disrupción del espacio público, en ocasiones, con impacto en la cotidianeidad de terceros, por ejemplo: si se bloquean las vías de comunicación, se afecta el libre tránsito; si se atenta contra bienes materiales de propiedad privada, será en detrimento del propietario; o la forma más común, el daño a propiedad pública y la toma de espacios gubernamentales, es en menoscabo del Estado y todo lo que representa.
Cuando estos casos suceden, la población afectada exige, en el marco de sus derechos, atención inmediata a esta situación. En este contexto se da una dualidad de demandas que obligan a las autoridades a buscar soluciones con el menor número de afectados. Éstas se puede dar por dos vías: la primera recurre a la disertación y diálogo para lograr una solución pacífica que ofrezca la atención de la petición inicial que motivó la protesta, al tiempo que se garantizan los derechos de los terceros.
La segunda, es la decisión del Estado para recuperar los espacios mediante el uso de la fuerza pública, siempre en el marco de la ley, sin rebasar los límites de su actuación o incurrir en agresiones directas hacia los protestantes. Esto significa dar prioridad al orden público, por encima de la causa que llevó a los participantes a salir a las calles.
Desafortunadamente, en últimos días hemos sido testigos de esta segunda forma de contención para garantizar el orden social. Importante mencionar que las fuerzas públicas argumentan su actuación como respuesta a una excesiva y violenta acción de los manifestantes.
No obstante, pareciera que ha sido al revés, las más recientes protestas en México y Estados Unidos han surgido a consecuencia del uso excesivo de la fuerza por parte de autoridades policiacas contra civiles. Los hechos han causado una enorme conmoción e indignación entre la sociedad. La exigencia social es que se proceda a la detención de elementos adscritos a las corporaciones de seguridad involucradas; así como el reclamo para humanizar las tareas de seguridad pública frente a civiles.
Es importante hacer mención que durante tales protestas, se dejaron ver actos vandálicos: quema de mobiliario, pintas en las fachadas de edificios públicos, destrozos en propiedad privada, entre otros. Acciones que no se justifican bajo el derecho a la protesta, a la manifestación o a la libertad de expresión. Las protestas deben regirse en los marcos normativos establecidos, donde prevalezca la garantía del orden público; así también lo han manifestado contingentes pacíficos que son parte de estas marchas sociales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que la protesta juega un papel elemental en el impulso al fortalecimiento de la democracia dado que desempeña un rol fundamental para posibilitar la participación ciudadana contribuyendo al pleno disfrute de los derechos civiles, sociales, económicos, políticos y culturales. En contraparte, cuando estos derechos son limitados por el uso excesivo y premeditado de la fuerza pública, es un componente que tiene como efecto la pérdida de confianza ciudadana frente a los cuerpos de seguridad, lo que impide que sus elementos realicen un trabajo adecuado en materia de salvaguarda ciudadana.
Aquí subyace la alarma que debe entender con sensibilidad el Estado, cuando las protestas se redireccionan al reclamo de justicia para sancionar a policías en vez de delincuentes, es urgente ejecutar un análisis introspectivo sobre la función y actuar de las corporaciones policiacas, su campo de acción y su desempeño dentro frente a la sociedad.
En este sentido se orienta mi conclusión, cuando mayor es el fortalecimiento de las instituciones y órganos públicos donde predomine la sensibilidad y respeto a los derechos humanos y a las voces ciudadanas, ese momento será el ideal para fomentar una ciudadanía más organizada y participativa que derive en la construcción de acuerdos que se encaminen al desarrollo de todas y todos. Debemos ser capaces, instituciones y sociedad, de buscar respuestas y soluciones conjuntas siempre velando por la prevalencia del Estado de Derecho.
