La Constitución Política de nuestro país se refería en el pasado, antes de las nuevas teorías de los derechos humanos, a las garantías individuales de los ciudadanos y éstas precisamente no eran más que estos derechos originarios reflejados en la norma jurídica constitucional.
Al mencionar que se refería en el pasado, no quiere decir que hayan desaparecido, solo cambiaron su denominación, regresando a su origen: los derechos fundamentales.
Y podríamos así a referirnos, en el marco del derecho constitucional a la parte dogmática de nuestra Carta Magna y a todo un tratado sobre estos derechos inalienables y que garantizan a los individuos la vida, la libertad y hasta la seguridad jurídica y que además son la base, precisamente, de la tranquilidad y la paz social.
En el Estado de Derecho al que se refieren las teorías del Estado como base del control social, los derechos humanos son indispensables para garantizar este sistema basado precisamente en la ley cuya aplicación es una obligación del gobierno y su respeto irrestricto del ciudadano.
Toda esta referencia a la Constitución y a los derechos humanos para referirnos nuevamente a la falta de aplicación de la ley que tiene como consecuencia que la ciudadanía se vuelva rehén de algunos cuantos, qué con el pretexto de exigir sus derechos, violan la legalidad y conculcan la libertad que éste protege.
Así es, estimados lectores, el artículo 11 Constitucional, prevé y protege la libertad de tránsito como un derecho inalienable, libertad que como derecho humano debe ser protegida por el Estado y respetada por la ciudadanía. Me refiero a las ilegales acciones que realizan diversos grupos, con muchas filiaciones e intereses, al tomar calles, avenidas, carreteras, edificios públicos y propiedad privada, ahora, también, una serie de casetas de cobro, en las que además exigen cuotas para dejar pasar al ciudadano común que utiliza estas vías por diversos motivos, entre ellos su trabajo.
La cuestión es la autoridad. Con el pretexto de la no represión, la autoridad debe permitir estos actos ilegales y que además constituyen delitos flagrantes en contra de la libertad y propiedad de las personas y el Estado.
Debería la autoridad prevenir y no permitir desde un principio estos actos violatorios de la legalidad, no dejarlos crecer con la finalidad de cuidar los derechos de la mayoría y no de unos cuantos, ¿o es preferible dejar pasar estas acciones con la idea de no parecer un estado represor?, ¿cuántas afectaciones a la ciudadanía en general y al mismo Estado se pueden permitir con el pretexto de la libertad de manifestación?, ¿sería muy grave cambiar el estado de derecho por un Estado secuestrado por la inconformidad?.
Por cierto: Los seres humanos seguimos siendo irresponsables por naturaleza, la pandemia no ha terminado y sin embargo las fiestas y celebraciones siguen realizándose en contra de las indicaciones de la autoridad y no hablo solo de nuestro país, en todo el mundo, si no nos cuidamos las consecuencias serán más graves de lo que podemos imaginar.
