Un desafío permanente de las instituciones, particularmente las gubernamentales, es mantener y acrecentar la confianza de la sociedad en ellas. En el “Ranking Mitofsky” de “Confianza en México: instituciones”, publicado en diciembre de 2020, la policía se ubicaba en la posición 15 con una calificación de 6 puntos -en escala de 10-, identificada como “confianza media”, en el límite con “confianza baja”.
Además, 66 por ciento de la población mexicana consideramos que vivimos en un lugar inseguro, como lo acreditó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Ante esas condiciones, cuando ocurre un escándalo mediático y en redes socio-digitales que pone en duda el desempeño de la policía y de las instituciones relacionadas con la persecución de delitos, esa confianza se reduce aún más.
En marzo de 2010, la niña Paulette, con apenas 4 años de edad, se reportó desaparecida. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México -ahora Fiscalía General de Justicia- realizó las investigaciones correspondientes y luego de nueve días de indagatorias, fue encontrada sin vida en su propia habitación, a un costado de la cama en la que durmió por última vez.
Ni perros entrenados, ni los equipos de investigación, ni periodistas y familiares se había percatado del cuerpo de la menor. La confianza en la FGJEM se vino abajo y las descalificaciones a su trabajo fueron permanentes. Incluso Netflix produjo una serie a partir de ese hecho: “Historia de un crimen. La búsqueda”.
Ahora, nuevamente surge un caso que ha generado más dudas que certezas entre la opinión pública y que desde el pasado fin de semana ha ocupado de manera permanente los espacios en medios periodísticos y en redes socio-digitales: la muerte de Octavio “N”, un joven actor que saltó a la fama desde niño con el personaje de “Benito Rivers”, en la comedia “Vecinos”, producida por Televisa.
Un video de vigilancia de la policía del Estado de México muestra cómo el vehículo en el que viajaba Octavio era perseguido por la policía municipal del municipio de Cuautitlán Izcalli, luego de que -según el Ayuntamiento- la camioneta en la que viajaba el joven actor con dos personas más, fue reportada porque “portaban un arma de fuego”.
La Tarjeta Informativa TI/27/CSFGJEM/2021, distribuida por la Fiscalía General de Justicia el pasado 31 de octubre, explica que se realizaron diversos “dictámenes periciales respecto al fallecimiento de un individuo de 22 años de edad, identificado como Octavio N, el cual perdió la vida por un impacto de arma de fuego en la cabeza mientras conducía una camioneta, misma que fue hallada en la autopista Chamapa-Lechería, a la altura de la colonia Prados Iztacala en el municipio de Atizapán de Zaragoza”.
En el documento se establece que, de acuerdo con los interrogatorios realizados a quienes viajaban con Octavio, habían consumido bebidas embriagantes y luego de que la policía municipal les marcó el alto, el actor aceleró para evitar ser detenido, lo que provocó una persecución que se extendió hasta la autopista Chamapa-Lechería. Se precisa que “el conductor sacó de la guantera de la camioneta un arma de fuego, la cual empuñó en la mano derecha, mientras conducía con la izquierda y mantenía su huida”.
De acuerdo con los dictámenes y las pruebas balísticas practicadas, “la bala por la cual perdió la vida Octavio N fue disparada por el arma de fuego calibre .380, a corta distancia”, y que al impactarse “el conductor presumiblemente accionó el arma de fuego que portaba en su mano derecha”. Y al final de otros datos, la FGJEM precisa: “Todas estas pruebas periciales fueron realizadas por la Coordinación General de Servicios Periciales de esta Fiscalía General, con estricto apego a derecho y usando métodos científicos debidamente acreditados”.
El problema es que la familia del joven actor señala que es falso lo informado por la autoridad con respecto a la muerte, e incluso este miércoles el presidente, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a que la Secretaría de Gobernación intervendrá en las investigaciones para esclarecer los hechos, aunque se trata de un delito del fueron común que sólo corresponde a la Fiscalía estatal. Incluso dejó entrever que “la buena relación” con el gobernador, Alfredo Del Mazo Maza, contribuirá a la intervención de las autoridades federales.
¿Hasta qué punto se modificarán las investigaciones de la Fiscalía por la injerencia del gobierno federal? El hecho es que un joven falleció y mucha gente no cree en las versiones oficiales, y la confianza en las instituciones se deteriora.
PERCEPCIÓN
Las obras del tren elevado Toluca-Ciudad de México han provocado daños a inmuebles ubicados en los alrededores de la estación que se construye en los límites de Zinacantepec y Toluca. ¿Quién responderá por las afectaciones?
