En el Estado de México, el primer día de 2022 estará marcado por el inicio de las nuevas administraciones municipales; las y los ediles al frente de la Presidencia, de regidurías y sindicaturas, asumirán el deber de garantizar un desarrollo eficaz y eficiente a sus respectivas demarcaciones.
El municipio es la primera dimensión donde se suscitan los fenómenos y la actividad toral de la vida social, política, económica y cultural de la sociedad; es el primer respondiente en la aplicación y transgresión de los derechos humanos.
Hace algunos años, cuando tuve el privilegio de ser director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, se tenía implantado un diplomado intenso dirigido a la formación de las y los servidores municipales, que por extrañas razones desapareció; éste cumplía el propósito de exaltar la vocación social de la universidad pública y el de proporcionar a los integrantes de los Ayuntamientos el ABC técnico y jurídico de la función a desempeñar.
Es lamentable ver que muchos de los desaciertos que se tienen en estas demarcaciones se deben a la ignorancia e inoperancia de quienes ejercen el servicio público, ya que suelen llegar con el mínimo o nada de la preparación que se requiere para abordar exitosamente los menesteres que entraña el servir a esta organización político-legal.
Asimismo, siendo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, codo a codo con la Legislatura, con gente de la academia y con titulares de las defensorías municipales de derechos humanos, impulsamos y logramos el reconocimiento y certificación de estos últimos; lo cual fue un paso adelante para el gran propósito de profesionalizar la promoción y defensa de las prerrogativas fundamentales en el ámbito municipal.
No obstante, este esfuerzo se advierte insuficiente cuando seguimos viendo a los cuerpos de seguridad y a elementos de otras áreas de las administraciones locales en total desconocimiento o indolencia ante quienes han padecido la violación a sus derechos humanos.
Por ello, creo que esta formación es necesaria para cada una de las personas que prestan el servicio público, desde los puestos operativos hasta los mandos superiores, procurando un conocimiento homologado sobre responsabilidades, derechos, libertades y buenas prácticas.
Esperemos que la LXI Legislatura encabece nuevos esfuerzos de la mano de las universidades para establecer el deber de la capacitación permanente y regular la actuación cabal de las y los funcionarios de los 125 municipios.
Queda pendiente en la agenda legislativa este propósito; seguro estoy de que, si se opera en todas las áreas la formación obligatoria, serán muchos los efectos positivos en la administración pública municipal para alcanzar mejores niveles de eficacia y eficiencia, más allá de la emoción o la vocación de servir.
Creo también que nuestra UAEMex se encuentra en este asunto con una inmejorable oportunidad de vincularse al mejoramiento de la vida de las personas y las comunidades del Estado de México, mediante el desarrollo de programas intensivos de preparación durante los tres años que duran estas administraciones y con ello refrendar el sentido de pertinencia social de la casa verde y oro.
