The Economist publicó el índice de democracia 2021 que ubica a México en el lugar 86 de 167 Estados analizados. Lamentablemente ese lugar nos sitúa como una democracia hibrida, un régimen político a medio camino entre el autoritarismo y la democracia deficiente. Este índice califica la situación de cuatro aspectos generales de la vida pública de las naciones analizadas: 1)proceso electoral y pluralismo, 2)funcionamiento del gobierno, 3)participación política, 4)cultura política y 5)libertades.
Los países se mueven en el índice a partir de la mejor o peor calificación de esos cuatro aspectos. Veamos cuántos países pertenecen a cada régimen: 1)21 son democracia plena, 2)en la democracia defectuosa hay 53 países, 3)en régimen híbrido hay 34 naciones, México entre ellos y 4)59 países tienen regímenes definitivamente autoritarios.
La pandemia obligó a muchos países a restringir libertades como el libre tránsito, los viajes largos, la asistencia a eventos sociales, etc. y por eso bajó el índice. Surgió entonces una pregunta fundamental: ¿en qué circunstancias y por cuánto tiempo los gobiernos y las/os ciudadanas/os están preparados para socavar los derechos democráticos por causas de salud? América Latina sufrió el peor retroceso en el mundo. Es evidente que la democracia latinoamericana se debilita cada vez más, incluso desde antes de los cierres y confinamientos provocados por la pandemia. Nuestros países están devastados por la falta de compromiso ciudadano con una cultura política democrática. Políticos populistas como como López Obrador, Jair Bolsonaro o Nayib Bukele, quienes llegan al poder gracias a procesos electorales de la democracia liberal, avanzan tranquilamente en perjuicio de ella e instalan procedimientos iliberales que destruyen instituciones.
En México, López Obrador ha centralizado del poder en su persona, ataca constantemente a las instituciones autónomas como el INE o a las instituciones de educación. Incluso la cada vez mayor presencia del ejército en actividades como la seguridad pública o la construcción de grandes proyectos han afectado la libertad de las personas. La centralización, en el presidente, de las decisiones más importantes, incluida la atención a la pandemia, ha provocado una deficiente atención a la misma. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el verdadero número de muertos en México se obtendría multiplicando por 3.5 las cifras oficialmente reconocidas. No debemos olvidar la presencia sospechosa del narcotráfico en campañas o la casi normalización de la delincuencia en grandes zonas del país.
Por otra parte, para particularizar la información, en nuestro país existe un índice que mide el comportamiento de la democracia y su desarrollo en las entidades federativas. Patrocinado por organizaciones como USEM, INE, Konrad Adenauer, CEPOS y PoliLat, este índice sitúa al Estado de México en el lugar 26 de 32 entidades. La entidad mexiquense descendió en 2020 por la baja en el indicador de democracia social y el desarrollo democrático que vive la entidad según este indicador.
En esta métrica, ubica a nuestro estado en el lugar 31 de la democracia en instituciones. El peor desempeño nacional. En otras palabras, el EdoMéx tiene un bajo desarrollo en estado de derecho, calidad institucional y eficiencia política. En la dimensión de democracia social y humana nuestra entidad tiene un mal desempeño en los resultados de la gestión pública para asegurar el bienestar y la equidad de los ciudadanos.
Algunos de las medidas que se recomienda mejorar: 1)promover la participación ciudadana, 2)reforzar el respeto a las libertades civiles y derechos políticos, 3)democratizar la vida interna de los partidos políticos, 4)intensificar la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, 5)diseñar y aplicar políticas efectivas contra la corrupción, 6)optimizar la rendición de cuentas, 7)sistematizar demandas sociales y de satisfacción ciudadana, 8)promover políticas de empleo, 9)luchar contra la pobreza y la inequidad y 10) incrementar recursos para educación.
Esta es nuestra realidad. Hay forma de recuperar nuestra vida democrática. ¿Quiénes tienen responsabilidad en el trabajo que implica esa tarea? Los congresos tienen un papel fundamental como instituciones para el equilibrio real de poder. Los partidos políticos deben impulsar la construcción de ciudadanía y promover la democratización de su vida interna. El poder judicial y el tribunal electoral deben ser garante de los derechos de las/os ciudadanas/os para que se respete la voluntad popular y las instituciones. Es imprescindible redefinir el papel de las fuerzas armadas, especialmente en tareas de seguridad interior. Y, quizá el elemento más importante en todo este escenario, las/os ciudadanas/os. Sí, nosotras/os, ustedes estimadas/os lectoras/es, sus amigas/os, sus familiares, sus colegas, quienes cotidianamente nos enfrentamos a la falta de instituciones de calidad. Tenemos el poder de incrementar sustancialmente el costo para las/os políticas/os por no hacer el trabajo que les hemos encomendado. Tenemos la responsabilidad de entender que nuestra responsabilidad no termina en la emisión del voto, es fundamental en la exigencia de rendición de cuentas.
El trabajo que nos espera deberá darse en un marco de creciente polarización que restringe el diálogo y la negociación entre sociedad y gobierno, pero no debemos renunciar a ello, debemos seguir debatiendo y participando para que este país sea el de todas/os y no sólo de las/os gobernantes en turno.
*El autor es Maestro en Administración Pública y Política Pública por ITESM. Y Máster en Comunicación y Marketing Político por la UNIR.
