En la lucha por los derechos reproductivos y la autonomía de las mujeres en México, es imperativo abogar por un acceso seguro y legal al aborto. Reconocer y apoyar la despenalización y legalización del aborto es un paso fundamental hacia una sociedad más justa, igualitaria y respetuosa de la diversidad de experiencias y necesidades de las mujeres.
En primer lugar, la criminalización del aborto en México ha demostrado ser ineficaz e injusta. La prohibición no impide que las mujeres recurran al aborto, sino que las fuerza a situaciones peligrosas, poniendo en riesgo su vida y salud. La clandestinidad conlleva a intervenciones inseguras e insalubres, aumentando el riesgo de complicaciones médicas y, en algunos casos, la muerte. Una legislación progresista puede revertir esta realidad al garantizar un entorno seguro y supervisado para las mujeres que toman esta difícil decisión.
Además, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo es fundamental y debe estar protegido. Las mujeres deben tener la autonomía para tomar decisiones informadas sobre su salud y su futuro reproductivo, sin intervenciones coercitivas del Estado o instituciones externas. La maternidad debe ser una elección, no una imposición.
Es fundamental considerar también las condiciones sociales, económicas y de salud en las que muchas mujeres se encuentran. La criminalización del aborto afecta de manera desproporcionada a las mujeres de bajos ingresos, quienes a menudo no tienen acceso a atención médica de calidad. Legalizar el aborto es garantizar que todas las mujeres, independientemente de su estatus socioeconómico, tengan igualdad de condiciones para acceder a servicios de salud reproductiva seguros.
El acceso al aborto seguro y legal contribuye a la reducción de la mortalidad y morbilidad materna. Las políticas que obstaculizan este acceso perpetúan la desigualdad de género y violan los derechos humanos fundamentales. Es responsabilidad del Estado garantizar que las mujeres tengan la libertad de decidir sobre su propio cuerpo y salud reproductiva, y de ofrecer servicios de calidad que respalden esta decisión.
Es esencial que México avance hacia la despenalización y legalización del aborto para proteger la vida y la salud de las mujeres y promover la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos. Es un llamado a la acción para lograr un cambio positivo y transformador en la sociedad, donde las mujeres sean tratadas con la dignidad y el respeto que merecen.
Asimismo, la legalización del aborto no promueve el aborto, sino la elección informada y segura para aquellas mujeres que optan por esta decisión. Las políticas prohibicionistas no disuaden a las mujeres de abortar, simplemente las empujan hacia prácticas clandestinas. La educación sexual integral y la disponibilidad de anticonceptivos son también herramientas clave para reducir la necesidad de aborto.
Desde siempre he reiterado mi firme convicción en la necesidad de garantizar y promover la interrupción legal del embarazo en nuestro país. Este no solo es un acto de convicción personal, sino un llamado a la justicia, la equidad y el respeto a los derechos de las mujeres que merecen ser escuchadas y defendidas.
En 2019 como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México me pronuncié a favor de la legalización de la interrupción del embarazo y en defensa del derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres mexiquenses; y, ante todo, de la dignidad y la vida de aquellas mujeres, jóvenes y niñas que se ven enfrentadas a optar por abortos inseguros practicados en la clandestinidad.
Durante muchos años, he sostenido que la legalización del aborto es un paso crucial hacia una sociedad más justa e igualitaria. En varias declaraciones públicas, comunicados y posicionamientos de 2017 a 2021 manifesté de forma reiterada que:
Aprobar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) no implicará una puerta abierta a una práctica descontrolada, sino una vía al derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y a elegir o no la maternidad; decisión que merece el más absoluto respeto por ser un asunto individual, intimo y personalísimo de cada mujer, sin que al tomarla sea criminalizada.
Lo hice como Rector de nuestra Casa Verde y Oro, luego como Presidente de la Codhem. Es hora de dejar atrás los estigmas y avanzar hacia un futuro en el que el derecho a decidir sea una realidad para todas.
Los derechos no son concesiones, deben ser reconocidos y respetados. El Estado de México no puede permitir más muertes de mujeres, ni que prevalezca la injusticia de ser privadas de la libertad ante la necesidad de acceder y ejercer un derecho humano fundamental.
Con la aprobación de la ILE no habrá más abortos, habrá menos muertes por abortos practicados en la ilegalidad; el Estado debe crear e implementar medidas jurídicas e institucionales para que niñas y mujeres gocen de una vida digna, de respeto y libertad.
La interrupción legal del embarazo es necesaria en una democracia moderna que se precie de no discriminar a las mujeres sino de incluirlas en el desarrollo general con igualdad y respeto a sus derechos humanos.
Reitero mi llamado a los diversos sectores de la sociedad mexiquense para que en el análisis de la legalización de la interrupción del embarazo prevalezcan la laicidad, la pluralidad, la diversidad, la apertura y la perspectiva científica, no el dogma ni la indiferencia ni el prejuicio, y que se logre aparejar el marco jurídico a las necesidades de la realidad actual.
