Asumir una responsabilidad pública conlleva exponerse al escrutinio de la sociedad, del periodismo y de quienes se consideran oponentes o competidores. Por ello, cuando hay alta visibilidad, como ahora ocurre con las redes socio-digitales, es más notorio cuando el desempeño de quienes tienen tareas públicas no es ético ni responsable ni apegado al cumplimiento de la ley.
Recientemente se detonaron escándalos y procesos legales en Santiago Tianguistenco, Toluca y Almoloya de Juárez, en los cuales están involucrados directamente sus respectivos presidentes municipales, y aunque se trata de situaciones provocadas por temas personales, la responsabilidad pública que ejercen o ejercían provoca que los hechos y sus consecuencias repercutan en el funcionamiento de esos ayuntamientos.
Más allá del impacto que ya han provocado en su partido político (el Revolucionario Institucional, PRI), ponen en evidencia que el ejercicio del poder, al ser una actividad humana… hasta ahora, porque ya hay corrientes de pensamiento que promueven el uso de la Inteligencia Artificial para el ejercicio de gobierno; ese ejercicio está moldeado por las motivaciones personales, sus ambiciones, oportunidades y defectos.
Hace 2 mil 500 años, el pensador chino Huang-ti, predecesor de Confucio, afirmó: “Si una persona llega a ocupar un cargo de autoridad que excede sus virtudes, todos sufrirán”.
Debashis Chatterjee, en su obra “Liderazgo consciente” (2007), analiza el comportamiento de quienes asumen responsabilidades dentro de las organizaciones y cuestiona: ¿Cuántas personas sufren de abusos de poder, de liderazgos carentes de sabiduría, de decisiones basadas en ideas estrechas y sin rumbo que, no obstante, afectan a miles de personas?
A ello, habría que añadir el riesgo de enfrentar un escándalo político. John B. Thompson explica: “A veces un escándalo tiene consecuencias nefastas para un individuo, poniendo fin efectivo a su carrera, mientras que en otros casos hay personas que pueden salir del alboroto prácticamente indemnes”.
En ese sentido, las decisiones en el ámbito gubernamental son asunto de gran relevancia, porque además de los recursos económicos públicos que implican, también repercuten en la vida de miles o millones de personas, dependiendo el orden de gobierno (municipal, estatal o federal).
A diferencia de la iniciativa privada donde la empresa asume el costo, en el caso de los gobiernos, quienes deciden lo hacen con dinero de la gente y el desorden o caos que provocan repercute directa o indirectamente en la sociedad, en el corto y mediano plazo. Por ello, el perfil profesional de quienes asumen los cargos de responsabilidad es clave.
Por ello, valdrá la pena reflexionar si debe mejorarse la manera de seleccionar a quienes asumen responsabilidades públicas, para aproximarnos a una proyección de cómo ejercerían el poder, porque nos encontramos diferentes situaciones en las que, de una u otra forma, hay implicaciones administrativas, políticas, financieras y hasta emocionales en la sociedad, aunque las instituciones tengan las estructuras y ordenamientos que les permiten sostener su operación.
Trenes que se ordenan construir y se anuncia que concluirán antes de que acabe un sexenio, a pesar de que los especialistas explican que no es posible, como ocurrió con el Tren Toluca-México y en el cual los recursos invertidos han superado la expectativa inicial, y todo por un capricho. O la colocación de bicicletas y paraderos “para mejorar la movilidad urbana” y la siguiente administración desecha, perdiéndose el dinero invertido. Luminarias costosas que se colocan y meses después ya no funcionan.
Deseos de sumarse a competencias electorales que obligan a realizar procedimientos legales y administrativos que luego cambian, una y otra vez, como el caso del gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien resultó un fallido precandidato a la Presidencia de la República y que sí demostró lo “nuevo” que está en el terreno político.
O bien, destituciones de servidores públicos profesionales a quienes se les “renuncia” para cumplir compromisos personales y colocar a gente que no tiene la formación profesional necesaria o porque hay ánimos regionalistas y se “expulsa” a quienes estorban.
Ante esos casos, surgen algunas preguntas:
¿No deberían sancionarse esos cambios de comportamiento? ¿Es irrelevante que se exija que quienes deciden sobre los temas públicos tengan el conocimiento y la experiencia necesaria? ¿Su elección o designación les faculta para hacer “lo que deseen”, aunque sea producto de un arranque o una emoción?
Ahora que viene el proceso electoral de 2024, quizá deberíamos analizar con mayor cuidado los perfiles de quienes competirán, porque finalmente ellos deciden y paga la ciudadanía.
#TODOCOMUNICA
Será interesante conocer a detalle las propuestas que se han planteado en los foros y las plataformas para integrar el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029.
