La semana pasada se conmemoró el 212 aniversario del primer ejemplar de El Ilustrador Nacional y el Día del Periodista Mexiquense y el Día del Periodista Latinoamericano. La fecha debió ser motivo para un análisis profundo que permitiera evaluar ¿hasta qué punto las libertades de expresión y de prensa son realmente vigentes en el Estado de México?
La reflexión adquiere mayor relevancia cuando estamos al cierre de un régimen federal que se ha caracterizado por los ataques sistemáticos a quienes ejercen la crítica contra el gobierno, y cuando estamos viviendo un proceso electoral de enormes dimensiones por la cantidad de cargos de elección popular que están en competencia.
La libre discusión de las ideas, el contraste de perspectivas, el debate de propuestas e incluso el ejercicio pleno de una oposición responsable y propositiva, tendrían que ser prácticas cotidianas a las cuales ningún régimen democrático debería temer. Sin embargo, las redes socio digitales nos han creado la ilusión de que así es, aunque ya se ha demostrado que también existen mecanismos para sesgar los contenidos y construir las nuevas “realidades” a partir de las emociones que detonan, lo que se conoce como la “posverdad”.
Desde la perspectiva de la Organización de las Naciones Unidas: “la democracia proporciona un entorno que respeta los derechos humanos y las libertades fundamentales en el que se ejerce la voluntad libremente expresada de las personas. Todo individuo tiene voz en las decisiones y pueden pedir cuentas a quienes toman las decisiones. Las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos”.
Hace casi 20 años, la antigua Comisión de Derechos Humanos de la ONU declaró 10 puntos esenciales de la democracia: libertad de expresión y de opinión; transparencia y responsabilidad en la administración pública, y medios de comunicación libres, independientes y pluralistas, entre ellos.
Por otra parte, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece que la libertad de expresión es un derecho fundamental. Textualmente señala: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; es derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Un poco más reciente, la Agenda 2030 -establecida en 2015- determinó que “la democracia, el buen gobierno y el estado de derecho, así como un entorno propicio a nivel nacional e internacional, son esenciales para el desarrollo sostenible”.
En ese sentido, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce que la libertad de expresión y la libertad de prensa -vinculadas al derecho a la información- fortalecen el Objetivo de Desarrollo de empoderar a las personas, porque -al ser un proceso pluridimensional social y político-, ayuda a que las personas podamos “tomar el control” de nuestras vidas.
Pero hay una advertencia de la ONU en el sentido de que la información debe ser “precisa, justa e imparcial, que represente una pluralidad de opiniones”, y señala que se deben considerar los medios para comunicar activamente de manera vertical y horizontal, a fin de que sea posible participar activamente en la vida de la comunidad.
Incluso, la ONU señala que para hacer de la libertad de expresión una realidad: “debe existir un entorno jurídico y normativo que permita el surgimiento de un sector mediático abierto y pluralista”, pero también establece que “los profesionales de los medios de comunicación deben cumplir los más elevados criterios éticos y profesionales planteados por los expertos”, en virtud de que concibe a los medios de comunicación como “vigilantes” del flujo de información entre la comunidad y las autoridades que toman decisiones.
De manera particular, indica que los imperativos financieros del sector mediático han provocado que los medios de comunicación dejen de atender a poblaciones más pequeñas y excluidas. Establece que la manera para empoderar a la gente, logrando que participen en el debate público y pidan cuentas a sus gobiernos, es lograr que los ciudadanos tengan acceso a “medios de comunicación libres, pluralistas, independientes y profesionales”, y enfatiza: “La pluralidad de medios de comunicación es la clave para que esto suceda, ya que existe gran cantidad de material sobre el que informar y además permite asegurar que se escuchen distintas opiniones”.
En ese proceso de empoderamiento las Naciones Unidas advierten claramente: “Si los que están en el poder manipulan a los periodistas, los medios de comunicación se convierten en una herramienta de propaganda que hunde a la sociedad en la ignorancia, la indiferencia y la desesperación”.
Por ello, ahora más que nunca se requiere más y mejor periodismo, entendiendo a la información como un bien común, pero ésta debe ser verificada y fiable, y por ello siempre será necesario contar con los recursos humanos especializados para llevar a cabo la búsqueda, selección, procesamiento y divulgación de los hechos más relevantes en el acontecer social.
Temas la libertad de expresión y el control de la información; la libertad de prensa y la relación con las instancias de poder; los mecanismos para acceder a la publicidad; la generación de contenidos que permitan fortalecer una ciudadanía responsable; la gestión de situaciones de crisis, como la provocada por la pandemia por COVID-19, así como la irrupción de las redes socio-digitales y el papel de los medios públicos, son algunos de los temas que rodean la discusión de la comunicación y el periodismo.
A 212 años del surgimiento del periodismo en el territorio mexiquense, es necesaria la reflexión porque aún falta mucho camino por recorrer.
#TodoComunica
Si las organizaciones periodísticas no tienen claro que el fortalecimiento de su profesión inicia y termina en ellas mismas, poco se habrá avanzado.
