La oposición hace sus movimientos iniciales después del proceso electoral. El PAN tuvosu reunión de consejo nacional y conformó, por una parte, la Comisión organizadora nacional de la elección del Comité Ejecutivo Nacional (CONECEN) y por otra la Comisión Especial de análisis de resultados electorales, diagnóstico del partido y del país.
El PRI celebró su asamblea en medio de cuestionamientos por la evidente intención de Alejandro Moreno Cárdenas (alias Alito) de reelegirse como presidente nacional de ese partido, maniobra criticada por cuadros históricos como Manlio Fabio Beltrones, Beatriz Paredes o Dulce María Sauri.
Como sea, hoy somos testigos de un deterioro democrático y los partidos de oposición necesitan reflexionar y plantearse su redefinición de cara, tanto al nuevo gobierno como, principalmente, frente a la sociedad expectante. El gobierno actual ha ganado terreno al doblegar a las instituciones y parece empeñado en construir la oportunidad de perpetuarse en el poder por sí o por interpósita persona. Sin duda, los partidos políticos de oposición necesitan entender las condiciones sociales, económicas e institucionales que prevalecen en la sociedad para tomar definiciones que les permitan volver a ser competitivos frente a un electorado que hoy les dio la espalda.
La Dra. Laura Gamboa, profesora adjunta de la Universidad de Utah, publicó en 2023 en la revista Forum un artículo denominado “Estrategias de la oposición contra la erosión democrática”. La autora expone sus observaciones respecto a los gobiernos autoritarios, principalmente de Venezuela y Colombia, pero considero que sus conclusiones se adaptan a nuestro país y son útiles para ilustrarnos sobre qué podría hacer la oposición.
La “erosión democrática” es una ruptura democrática que se presenta a lo largo del tiempo. Sus consecuencias se parecen mucho a un golpe de Estado pero en este caso sucede de manera gradual. En este fenómeno, el poder autoritario establece una agenda que destruye el sistema de pesos y contrapesos para concretar sus políticas preferidas. Se apodera paulatinamente del congreso (el Poder Legislativo) y de las cortes (el Poder Judicial). Esta agenda tiene consecuencias complicadas, tanto en lo doméstico como en lo internacional, en este último caso, destaca que las inversiones tienen preferencia por los regímenes democráticos, donde la garantía del estado de derecho es mayor, y reaccionan con fuerza cuando se vulneran esos principios.
Los gobiernos autoritarios, para no arriesgar su careta democrática, usan reformas, referéndums o asambleas populares (como aquí lo hemos visto en diversos momentos), para legitimar decisiones ya tomadas. En realidad, su objetivo es cooptar o debilitar las instituciones de control horizontal y hasta terminar con los organismos de control vertical y con el régimen democrático.
La Dra. Gamboa afirma, a partir de su observación, que los autoritarios alcanzan el poder cuando existe una crisis económica (recordará usted el caso de fin de sexenio de Peña Nieto), problemas de gobernabilidad y de falta de confianza. Cuando el Estado es incapaz se brindar seguridad, justicia o bienestar y además no hay confianza en las instituciones para procesar conflictos el voto que se presenta suele ser antisistema.
Estos gobiernos populistas prometen reemplazar la estructura existente para evitar los intermediarios (de ahí que se crearan los superdelegados para dar la apariencia de una relación directa). Los planteamientos populistas se convierten en promesas espurias, aunque en un principio hayan resultado creíbles, en el contexto de una democracia débil e incompleta con problemas de representación y gobernanza. Sólo cuando la ciudadanía recibe más democracia está más dispuesta a defenderla, este no fue el caso.
Dice la Dra. Gamboa que las estrategias de la oposición que sea han observado en procesos de erosión democrática presentan objetivos radicales, como remover al ejecutivo, y otros más moderados, como atacar las reformas autoritarias. Pueden existir estrategias institucionales, que incluyen participación en elecciones, en reuniones o congresos. Los moderados participan en campañas electorales y actúan con el gobierno en las legislaturas, hacen lobby o litigan los asuntos de interés general, el desafío es de bajo impacto, respetan los canales institucionales para dirimir conflictos y dejan espacios para negociar. Este camino parece ser más seguro, pues disminuye los incentivos hacia el gobierno para reprimir, mitigan la posibilidad de que el presidente consiga apoyo para reformas, algunas expresiones han sido los refrendos o revocatorios incluso hasta juicio político al presidente.
En cuanto a las estrategias extrainstitucionales, con repertorio legal e ilegal, van desde un golpe de Estado hasta la guerra de guerrillas, medidas radicales que arriesgan a la democracia misma. Pueden convertir en mártir al autócrata y, si fallan, deslegitiman a la oposición y aumentan incentivos para la represión y le disminuyen al gobierno los costos de hacerlo. Los más moderados pueden impulsar protestas públicas, resistencia civil, boicot o huelgas. Ambas estrategias buscan frenar reformas y proteger la democracia, movilizando votantes o visibilizando los abusos desde el poder. Pero, si estas se vuelven violentas, darán excusa al gobierno de reprimir y deslegitimar a sus opositores.
La reconstrucción de la oposición debe abarcar tanto aspectos públicos como privados. Es fundamental ganar la discusión pública. Los dirigentes partidistas deben dialogar más con sus militantes o afiliados y, desde luego, con ciudadanas y ciudadanos que no están dentro de sus organizaciones, pero simpatizan con sus causas, incluso con quienes simpatizan parcialmente. Toda reconstrucción debe iniciar desde adentro, no pueden cargar a los gobiernos que hayan tenido en el pasado, la responsabilidad presente de las dirigencias del partido. Sin ninguna duda, los partidos tienen que abrir las puertas a ciudadanas y ciudadanos porque son su esencia, al final de cuentas, como organizaciones de interés público, son organizaciones ciudadanas.
*El autor es Maestro en Administración Pública y Política Pública por ITESM y Máster en Comunicación y Marketing Político por la UNIR.
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