La reciente propuesta de reforma al Código Penal estatal, impulsada por la diputada Rocío Alexia Dávila Sánchez y el diputado Pablo Fernández de Cevallos González, ha abierto un debate importante y, en muchos aspectos, polémico sobre el manejo de la información digital generada con inteligencia artificial (IA). La intención detrás de esta iniciativa es sancionar con cárcel de ocho a quince años a quienes creen y difundan contenidos manipulados con IA que atenten contra la dignidad y la integridad de las personas. Aunque la propuesta responde a una preocupación legítima, las soluciones planteadas pueden traer consecuencias imprevistas y potencialmente perjudiciales para la libertad de expresión y creación en el país.
Primero, es importante recordar que el libre ejercicio de la expresión y la creatividad es un derecho humano fundamental, protegido en diversas normativas nacionales e internacionales. Restringir este derecho a través de sanciones desproporcionadas sería un retroceso para el progreso cultural y social. A lo largo de la historia, las expresiones artísticas y creativas han desafiado normas y han propuesto ideas disruptivas.
Pensemos, por ejemplo, en Orson Welles, quien en 1938 realizó la transmisión radiofónica de "La guerra de los mundos", una narración ficticia de una invasión alienígena que generó pánico en buena parte de los oyentes. Si a Welles lo hubieran castigado severamente, no solo habría sido una injusticia, sino una pérdida para el arte y la cultura. Su obra sigue siendo, hoy en día, un símbolo de cómo los medios pueden influir en las emociones colectivas y, a su vez, llamar a la reflexión sobre el poder de la comunicación.
Al igual que con el caso de Welles, debemos preguntarnos: ¿realmente resolveremos los problemas de desinformación y manipulación penalizando a los creadores de contenido? Si bien es cierto que la desinformación digital, especialmente la manipulada con IA, puede causar confusión y daño, también es cierto que coartar las libertades no garantiza una solución efectiva. En lugar de imponer sanciones que podrían volverse armas de censura, tal vez sea mejor abordar el problema desde una perspectiva educativa.
La generación de contenidos digitales alterados debería ser vista más como un asunto de responsabilidad social y de conciencia sobre los efectos de la desinformación. Así, podría regularse mediante campañas de sensibilización y llamados de atención públicos.
El derecho a la información y a una sociedad informada no es negociable. El pueblo de México tiene derecho a estar informado, a cuestionar, y a formar opiniones propias; dejarlo en la ignorancia es atentar contra su desarrollo y crecimiento crítico. En este sentido, la iniciativa legislativa parece limitar la posibilidad de construir una sociedad más culta y educada, pues la criminalización de ciertos tipos de contenido genera un clima de censura y temor a expresarse. Los contenidos digitales no se limitan a lo noticioso; muchos son una forma de expresión artística o humorística. Existen consecuencias, sí, en la difusión de noticias falsas, pero castigar a los ciudadanos con penas de prisión podría ser un remedio que resulta peor que la enfermedad.
Por otro lado, cabe señalar que no existen precedentes claros a nivel federal en México para regular la información generada con IA de esta manera. Sin un debate profundo, la propuesta de ley parece más un esfuerzo por detener el cambio tecnológico que una solución práctica a los problemas derivados de este. México requiere de una legislación que encuentre el equilibrio entre el derecho a la información y la necesidad de proteger a los ciudadanos de la manipulación y el engaño. Sin embargo, establecer penas de cárcel para quienes produzcan contenido manipulado va en dirección opuesta a esta idea. El verdadero camino es promover una ciudadanía crítica y educada, que pueda discernir por sí misma el contenido que consume.
Reconozco que la iniciativa parte de un interés legítimo: proteger la dignidad de las personas y evitar que la información falsa sea utilizada para manipular. Pero resulta imperativo examinar sus causas y efectos, sus límites y sus posibilidades. No podemos pasar por alto la complejidad cultural de la información en México. Como ejemplo de esto, basta recordar el Día de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre, cuando las "fake news" se han convertido en una tradición humorística. En ese día, el pueblo mexicano participa en la creación y difusión de noticias falsas como una broma, una costumbre que tiene décadas y es reflejo de nuestra identidad cultural. ¿Podría esta reforma interpretar estas bromas como un delito? Imaginen las miles de demandas que podrían surgir en un solo día, cuando el "fake news" se convierte en un acto de humor, no de agresión. Es necesario diferenciar entre el contenido malicioso y el que responde a nuestras costumbres y tradiciones.
La inteligencia artificial y las tecnologías de manipulación de contenido están aquí para quedarse. Por tanto, la solución no puede ser represiva; al contrario, debe ser preventiva, educativa y ajustada a la realidad social de nuestro país. Combatir la desinformación conlleva responsabilidad, sí, pero también requiere de una ciudadanía informada y consciente, no de una sociedad que viva con el temor de ser castigada por expresar una idea.
Porque, al final, el verdadero combate contra la desinformación y la manipulación es fortalecer el derecho humano a la información, a cuestionar y analizar, y a construir una sociedad que valore la verdad no como un mandato de ley, sino como un acto de responsabilidad colectiva.
