El pasado 20 de diciembre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de simplificación administrativa; lo que en términos llanos representa la extinción de siete órganos autónomos, como son: el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI); el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); la Comisión Reguladora de Energía (CRE); la Comisión Ncional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU).
Con ello, se cumplen los propósitos del ex Presidente López Obrador; quien desde el inicio de su mandato mencionaba que dichos órganos eran un gabinete alterno al Poder Ejecutivo y que sólo representaban una erogación onerosa e innecesaria para el país, ya que; ademas actuaban en contra de los intereses nacionales y a favor del capital extranjero y las grandes empresas trasnacionales, prueba de ello era que algunos monopolios prevalecen hasta la fecha.
Esta reforma tendrá profundas implicaciones en los respectivos sectores económicos del país y menciono esto; debido a que muchas voces especializadas han centrado los impactos tan sólo en el ámbito del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) y algunos otros; lo que por supuesto es correcto; pero no es lo único y en esto considero, debemos ubicar como estas decisiones vendrán a modificar el entramado jurídico-político-económico-social.
En esta ocasión me centraré en hacer un pequeño análisis sobre las implicaciones, pero también, en las oportunidades que pudieran existir al extinguirse el Instituto Federal de Telcomunicaciones (IFT) y el motivo de elegir este tema está relacionado con que el sector, mal llamado hasta ahora de Telecomunicaciones y Radiodifusión y que desde hace ya varios años es un sector convergente, es un eje transversal en las economías de todos los países; es decir, tiene influencia y presencia en los diferentes aspectos de la vida colectiva e individual.
Durante muchas décadas las facultades y atribuciones para establecer la política y regular este sector estuvo a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; de forma tal que estábamos en presencia de una exorbitante concentración en una entidad del Ejecutivo; esto ocasionaba procedimientos burocráticos y en consecuencia la ralentización de los trámites en la interacción autoridad-regulados y teniendo como marco legal la Ley de Vías Generales de Comunicación; lo que en cierta medida aún era correcto; ya que lo que se regulaba era telefonía y televisión analógica.
En el año de 1996, siendo Presidente de la República Ernesto Cedillo Ponce de León se creó la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), como órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) con facultades y organización para coadyuvar en regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones en México; sin dejar de reconocer que en ese momento esto significaba un paso importante hacia el objetivo de contar con un regulador sectorial con cierta autonomía, también es de reconocer que, al no darle todas las facultades y atribuciones que requería y dejarlas en la (SCT),esto con el paso de los años significó un handicap para el sector; debido a que, se generó un problema conocido en el argot como “Doble Ventanilla”; es decir, que al estar, como ya dijimos, determinadas facultades en el terreno de la COFETEL y otras en la SCT, se entrelazaban algunos procedimientos; lo que generaba inconformidades e ineficiencias; aundado a lo anterior, el sector estaba altamente judicializado; de tal forma que las decisiones o directrices de las autoridades eran combatidas mediante juicios de amparo directo, con la consiguiente suspensión del acto reclamado, lo que detenía o suspendía los actos de autoridad.
Tomando como argumento la evolución tecnológica que se venía dando en el sector; cuando lo cierto era que el gobierno de los Estados Unidos, siempre en impulso y apoyo a sus empresas nacionales (AT&T) estaba presionando para que el gobierno mexicano cambiara el entramado jurídico-legal a su favor; esto en el ámbito del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
De igual forma, la presión del dúopolio televisivo para continuar siendo favorecidos, pero ahora agregando sus pretensiones de su participación en los mercados de telecomunicaciones fijas y móviles por la vía de una regulación ex-ante (con ventajas en la regulación para ellos) y obligando a que se estableciera una regulación adversa para el monopolio de telecomunicaciones que el propio gobierno había impulsado durante varias décadas a través de la imposición de metas de cobertura y conectividad en el Título de Concesión del concesionario incumbente.
Es así, como en el entorno del llamado Pacto por México, que contempló más de diez reformas constitucionales y legales, fue incluida la reforma constitucional en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión; misma que fue decretada el 11 de junio de 2013, creando con ello un nuevo entramado para el sector; cuyos objetivos, supuestamente eran, establecer fundamentos constitucionales para una nueva arquitectura jurídica, institucional, regulatoria y de competencia en el sector; bajo pricipios de efectividad, certidumbre jurídica, promoción de la competencia, regulación eficiente, inclusión social digital, independencia, transparencia y rendición de cuentas.
Por hoy se nos agotó el espacio, la siguiente semana continuaremos con este tema; les deseo UN FELÍZ Y SALUDABLE AÑO 2024.
Luis Escobar Ramos
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