Como lo advirtió, Trump inició una “guerra de aranceles” y está próximo a declarar terroristas a diversos cárteles mexicanos del crimen organizado. En paralelo, los voceros oficialistas han comenzado una andanada de agresiones mediáticas contra los opositores, a quienes han declarado “traidores a la patria”. Estos personajes suponen que quienes no respaldamos al régimen, cuando veamos grupos de fuerzas especiales estadounidenses en territorio mexicano, ´porque es la única opción que consideran, apoyaremos sus acciones y colaboraremos con ellos y asumen que una actitud así sería una traición a México. Sé que los opositores del régimen ven la necesidad de una colaboración externa de inteligencia, con tecnología de punta no necesariamente armada, para detener la ola de violencia que generan los grupos criminales porque la situación ha rebasado al gobierno mexicano. Sin embargo, eso no los hace traidores.
Comienzo con una reflexión de Pablo Majluf, quien refiere una investigación de Rafael Prieto y Alejandro Hope en la que se calculó, a través de un modelo matemático que mezcló carpetas de delitos, interacciones policiacas y referencias varias, que la delincuencia organizada es el quinto empleador más grande del país, porque genera entre 160 y 185 mil empleados directos, sin contar con todos aquellos que prestan servicios a los grupos y tal vez algunos de ellos sin darse cuenta: transportistas, restauranteros, vendedores, etc. Esta situación ha provocado un cambio cultural y hace necesario reorientar la brújula moral, que sería lo ideal, pero resulta poco práctico en el corto tiempo.
La designación de los carteles como terroristas, permitiría investigar a toda la sociedad mexicana, pero el cúmulo de acciones rebasaría con mucho la capacidad de nuestro gobierno que seguramente daría algunos golpes emblemáticos del establishment de seguridad. Podría actuar, en investigaciones locales, contra casos emblemáticos a quienes congelaría sus cuentas o visas, impediría transporte de sus mercancías y no mucho más. Así que, debería ser bienvenido, un empujón desde afuera en apoyo a la unidad de inteligencia financiera que, actualmente, dicho sea de paso, sólo persigue a periodistas y opositores.
Déjeme decirle que el término “traidores a la patria” ha sido desde hace 200 años un instrumento ad hoc para imputar responsabilidades de ideologías triunfantes a posteriori del actual presunto traidor. Rafael Estrada Michel, con quien tuve el gusto de conversar, refiere que en esos mismos términos pasaron Hidalgo, Allende, Morelos, Mina o hasta mujeres como Gertrudis Bocanegra, todos ellos enjuiciados por presuntas traiciones. No obstante, algunos llegaron al muro de honor de la Cámara de Diputados. Y en 1921 surgió el cuestionamiento: ¿a qué forma de gobierno traicionó Iturbide? Desde el principio se pronunció por la monarquía como la organización política más conveniente para el país. Tanto Guerrero como Iturbide, y unos años después, Felipe Ángeles (si ese que da nombre al aeropuerto) fueron condenados “por traición” a las ideas de los adversarios triunfantes. Actualmente este delito está legislado en cuatro artículos constitucionales, claro que los personeros del régimen utilizan la frase para descalificar al otro e imponerle de forma personal y facciosa la visión de sus intereses sin detenerse a pensar en la necesaria y obligatoria armonía que debería prevalecer entre las y los mexicanos.
La descalificación del oponente ideológico sucede hoy día con renovada fortaleza. Solamente quien vive el problema sabe que la exclusión, que niega la opción alterna, que se enfrenta al diálogo sordo y a la cancelación de ideas diversas, no es el camino. Con juicios sumarios, como en la inquisición, sentencian a la hoguera, podríamos decir que llevan a cabo fusilamientos pacíficos. Actúan sin sensatez y atacan el pluralismo y la libertad de expresión que es la base del espíritu republicano.
Entonces, me pregunto, ¿no será acaso más traidor el que emplea inocentes y los convierte en delincuentes; extorsiona y delinque en total impunidad traficando drogas y esclavizando personas? Si estos son traidores acaso ¿no lo serían aquellos que son cómplices? Justo por no combatirlos, por no enfrentarlos, por permitir su proliferación en zonas que dominan, ¿no sería traidores quienes no destinan los recursos necesarios para investigar a quienes clandestinamente lavan dinero proveniente del crimen organizado, porque ya sea en otros países o aquí en el nuestro matan, asesinan, violan, lastiman familias y destruyen instituciones que favorecían la transparencia, la rendición de cuentas y la competitividad que permitiría mejorar los ingresos? Insisto, ¿quiénes son y dónde están los traidores a la patria?
*El autor es Maestro en Administración Pública y Política Pública por ITESM y Máster en Comunicación y Marketing Político por la UNIR.
