Las lluvias torrenciales que azotan México desde principios de octubre han dejado al país sumido en una emergencia climática de proporciones devastadoras. Hasta el momento, al menos 70 personas han perdido la vida, mientras que más de 72 siguen desaparecidas. La cifra, lejos de ser definitiva, refleja apenas la superficie de una crisis que ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de los gobiernos federal y estatales.
Veracruz, epicentro del desastre
El estado de Veracruz ha sido el más golpeado. Entre el 6 y el 9 de octubre, se registraron más de 540 mm de lluvia, provocando el desbordamiento de ríos, deslaves y el colapso de infraestructura básica. Veintinueve personas murieron, incluido un agente de policía, y más de 30,000 viviendas resultaron dañadas. Setenta municipios quedaron devastados y 900 personas fueron evacuadas por la Armada.
Pero ante este escenario devastador, lo que más dolió fue la actitud de la gobernadora Rocío Nahle, diciendo que el río se había desbordado “ligeramente” cuando cientos estaban hundidos en el agua sin ninguna pertenencia más que la ropa mojada que los cubría. Eso en el mejor de los casos, cuando los daños eran solo materiales.
Pero no fue el único estado devastado por no hacer caso a la Conagua, que jura y perjura que se avisó a los gobernadores de cada entidad que tomaran precauciones porque llovería de manera descomunal, pero nadie la tomó en serio, afectando también otros estados como Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Puebla y Guerrero, donde se reportan 183 localidades incomunicadas y 111 municipios con afectaciones severas.
El gobierno federal ha desplegado operativos de emergencia, incluyendo puentes aéreos para llegar a comunidades aisladas, brigadas médicas y distribución de víveres. La Coordinación Nacional de Protección Civil ha mantenido conferencias diarias, aunque la información ha sido fragmentada y, en algunos casos, tardía.
Los gobiernos estatales han activado protocolos de emergencia, pero enfrentan limitaciones presupuestales y logísticas. En Veracruz, por ejemplo, se ha denunciado la falta de maquinaria pesada para remover escombros y la lentitud en la restitución de servicios básicos como electricidad y agua potable. Y, como diría la gobernadora, están resultando ser “ligeramente” ineficaces.
La solidaridad de los mexicanos no se ha hecho esperar. Gobiernos estatales, diversos entes oficiales federales, estatales y municipales; organizaciones civiles; escuelas, etcétera, etcétera, han montado albergues y puntos de recolección de apoyo para enviar a los damnificados. El apoyo fluye pese a la dificultad de llegar a muchos lugares que se quedaron totalmente incomunicados, sin carreteras, sin puentes, sin manera de llegar a ellos, solo volando.
Congreso Edoméx se solidariza con cash
Los diputados del Congreso del Estado de México, por ejemplo, además de sus pronunciamientos en tribuna que, lamentablemente, no alivian la situación de nuestros paisanos damnificados, lo hacen con cash, sí, con dinero. Todos los diputados donarán la segunda quincena de octubre, con lo que se reunirán tres millones y medio de pesos que serán utilizados para apoyar en lo que se requiera.
Esto lo dio a conocer el presidente de la Jucopo, Francisco Vázquez, quien aseguró que no hubo presión, que los legisladores son solidarios y que accedieron a donar su dieta sin conflicto alguno.
El recuento de los daños
La intensidad de las lluvias no es un fenómeno aislado. Expertos advierten que el cambio climático está amplificando eventos extremos y que la falta de infraestructura resiliente —sumada a la urbanización desordenada— convierte cada tormenta en una tragedia anunciada.
La reconstrucción será lenta y costosa. Pero más allá de los daños materiales, lo que está en juego es la confianza ciudadana en sus instituciones. ¿Responderán con transparencia, eficiencia y justicia? ¿O volveremos a ver el ciclo de promesas incumplidas y apoyos condicionados?
Mientras tanto, miles de familias siguen esperando bajo techos improvisados, entre el lodo y la incertidumbre.
