Estado de México
Debido a que delitos como el robo simple tienen penalidades muy altas en el Código Penal del Estado de México y no contribuyen a corregir e inhibir esas conductas, Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), presentará una estrategia para que en conjunto con el Poder Legislativo haga un replanteamiento sobre las conductas que deben seguir siendo consideradas como delito, cuáles deben pasar a un Código de Justicia Cívica, en materia de derecho penal o administrativo sancionador.
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Explicó que durante el tiempo en que han atendido temas de amnistía, del año pasado a la fecha, han identificado muchos casos en donde la sanción de prisión es excesiva, sobre todo en robos men ores. Reconoció que en ocasiones la sociedad se ofende porque este delito es el más frecuente en la entidad, pero “sancionarlo con demasiada severidad no solo no lo inhibe, sino aumenta la violencia”.
En entrevista, refirió que en breve anunciará el mecanismo que implementarán para realizar un diálogo abierto en el que participen todos los actores de la sociedad, para llevar a cabo esta revisión y presentar el proyecto de Justicia Cívica que promoverá.
“Lo que tenemos que hacer es un análisis serio, riguroso y a los profesionales del derecho penal, a los especialistas y hacer una revisión profunda de las conductas y los delitos, con miras a lograr una justicia más efectiva, certera”, puntualizó.
El presidente del Poder Judicial añadió que es urgente replantear esa situación para que definan cuáles son los verdaderos parámetros para una política criminal adecuada en la entidad.
“Estamos en el diseño, tiene varias etapas, he hecho patente en todas mis intervenciones públicas la necesidad de hacer ese replanteamiento, el segundo paso es que estoy diseñando los foros y las mesas de análisis que vamos a realizar”, agregó.
Señaló que quizá regresando del periodo de receso en el Poder Legislativo, en el mes de agosto, puedan arrancar con este análisis.
Prisión preventiva debe desaparecer
Por otra parte, Sodi Cuellar indicó que la prisión preventiva oficiosa debe desaparecer de la Constitución, pues actualmente el 35 por ciento de la población penitenciaria, es decir, 11 mil 800 personas se encuentran en esta condición. Agregó que la clave está en el abuso de esta figura, toda vez que incluso es inconvencional, es decir, va en contra de todos los tratados y convenciones de México, porque no es una forma adecuada de hacer justicia.
“Debe existir si es justificada, es decir, que el juez en cada asunto la justifique, cuando no hay certeza, por ejemplo, no agarraron a la persona con las manos en la maza, en flagrancia, con el cuchillo en la mano, en ese caso no debería existir”, precisó.
Agregó que este modelo abona a la sobrepoblación en los centros penitenciarios, pues en la entidad hay 34 mil PPL, mientras que aquellos que aún no tienen sentencia son 300, con quienes hay un problema serio, toda vez que son personas que pasan periodos prolongados en la cárcel en espera de una resolución.
“Obedece a varios fenómenos, primero al ejercicio del derecho de defensa, un defensor de oficio puede prolongar el proceso porque tiene derecho a solicitar un año de plazo para que se dicte una sentencia y los jueces no tienen más remedio que esperar”, mencionó.
Aseguró que hay dos cuestiones importantes, así como hay derecho a la defensa, a prorrogar el tiempo del proceso, debe haber el derecho de víctimas y defendidos, a que se haga justicia y se sentencie, pues las víctimas directas e indirectas del delito tienen derecho a que se haga justicia de manera pronta y expedita, porque para ellos también es difícil la espera, sobre todo en casos como homicidios, feminicidios, extorsiones.
