Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una de las seis carencias sociales: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación y su ingreso está por debajo de la línea de pobreza por ingresos.
También, de acuerdo con las mediciones del Coneval, una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o más carencias de las seis posibles, dentro del Índice de Privación Social y que, además, se encuentra por debajo de la línea de pobreza extrema por ingresos. Quien está en esta situación, dispone de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicara completo a la adquisición de alimentos, no podría obtener los nutrientes necesarios para tener una vida sana.
Una persona es vulnerable por carencias sociales si presenta una o más carencias, pero tiene un ingreso superior a la línea de pobreza por ingresos. Es vulnerable por ingresos si no presenta carencias sociales, pero su ingreso es inferior o igual a la línea de pobreza por ingresos.
Finalmente, no es pobre ni vulnerable si su ingreso es superior a la línea de pobreza por ingresos y no tiene carencias sociales.
Esas calificaciones sirven para delimitar lo que se ha dado en llamar “pobreza multidimensional” y es importante comprender las seis carencias sociales fundamentales, porque con base en ellas los gobiernos federales han diseñado, armado y puesto en práctica sus programa asistenciales o de apoyo social.
Educación, salud, seguridad social, calidad de la vivienda, servicios básicos y alimentación. A ellos debe agregarse un ingreso digno.
La Organización de las Naciones Unidas ha definido a la pobreza como “la condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas, incluyendo alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación e información. Es curioso que la ONU agregue la información como uno de los componentes elementales para eliminar esta condición.
Para atender esas carencias, en su momento los gobiernos federales crearon programas como el Seguro Popular y Prospera, pues a través de ellos fue posible brindar servicios de salud universal a todas las personas que no estaban afiliadas a servicios de seguridad social como el IMSS o el ISSSTE y estrategias como la cruzada nacional contra el hambre, los cuartos rosas, las cisternas para acopiar agua de lluvia, los pisos firmes y las estufas ecológicas además de los apoyos económicos y las becas alimenticias.
Con todo y eso, apenas disminuyeron los índices de pobreza y pobreza extrema.
De acuerdo con los resultados de la medición de la pobreza 2016, 47.9% de la población del Estado de México vivía en situación de pobreza, es decir, 8 millones 230 mil 200 personas, aproximadamente. De este universo, 41.7% (7 millones 173 mil 200 personas) estaba en situación de pobreza moderada, mientras que 6.1% de la población se encontraba en situación de pobreza extrema, es decir, alrededor de un millón 057 mil de personas. El porcentaje de pobreza moderada se encuentra por arriba del promedio nacional, mientras que el de pobreza extrema se ubica por debajo (35.9% de la población en pobreza moderada y 7.6% en pobreza extrema).
En ese mismo año, el porcentaje de población vulnerable por carencias sociales en Estado de México fue de 21.3%, lo que equivale a que aproximadamente 3 millones 665 mil 200 personas que presentaron al menos una carencia. Al mismo tiempo, 9.6% de la población era vulnerable por ingresos, lo que significa que alrededor de un millón 644 mil personas no tenían los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Finalmente, la población no pobre y no vulnerable de la entidad federativa representó 21.2%, aproximadamente 3 millones 651 mil 400 personas.
Entonces, debemos entender la pobreza no como un fenómeno de comportamiento homogéneo, sino como una condición marcada por las dimensiones de la etnia, la edad, la discapacidad, el género, entre otras condiciones. Cada una de estas dimensiones debe tener una solución diferente.
Y es importante emplear estrategias coordinadas entre dependencias y órdenes de gobierno para reducir la pobreza en el corto plazo y que la política de desarrollo social tenga como hilo conductor el acceso efectivo a los derechos sociales y la igualdad de oportunidades entre los diferentes grupos poblacionales.
Hasta el momento la política federal para combatir la pobreza está centrada en la entrega de apoyos económicos a los sectores más vulnerables de la población y han dejado de lado otros programas que inciden en el abatimiento de la pobreza multidimensional como los relacionados con la salud y la alimentación, por no hablar de las estrategias destinadas a mejorar la vivienda.
Es pronto para decirlo, pero hasta el momento no se ve con claridad de qué manera el gobierno federal impedirá que se ensanche la brecha económica en el país.
