En septiembre próximo arranca oficialmente el proceso electoral de 2021, estamos a once meses del día de la jornada electoral. En estas elecciones intermedias serán coincidentes la renovación de la cámara de diputados federal, con 30 congresos locales, 29 entidades que votarán integrantes de ayuntamientos, más 15 nuevos gobernadores; en suma, se elegirán a más de 21 mil representantes populares.
De aquí la transparencia, legalidad e imparcialidad que el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales puedan garantizar para estos procesos electorales. La confianza que la ciudadanía guarda en estas instituciones es un indicador clave del desarrollo democrático, además de ser una categoría fundamental para el fortalecimiento del desarrollo político.
El principio de autonomía que rige a estos organismos es fundamental para la organización, ejecución y vigilancia del proceso electoral; que conjuntamente con los Tribunales Electorales, regulan el comportamiento de partidos, candidatos, instituciones de gobierno y ciudadanos. Juntos garantizan la certidumbre política, equidad en la contienda, el fomento de la participación ciudadana y la certificación del triunfo de los candidatos o, en su caso, solventar los derechos políticos de inconformidades ciudadanas.
Lo anterior no ha eximido a la autoridad electoral de ser sujeta de cuestionamientos en las últimas elecciones, comprensibles por la peculiaridad de cada proceso y necesarios para atender las áreas de oportunidad que se generan por la dinámica electoral y democrática.
Así vemos como las principales controversias suelen darse por una mínima diferencia de votos entre el primer y segundo lugar, la forma de activismo de los partidos al pedir el voto o por pronunciamientos de algunos gobiernos en los distintos ámbitos que beneficiaban directa o indirectamente a algún candidato. De esta manera, las legítimas quejas son analizadas por los órganos y autoridades electorales antes, durante y después de los procesos; determinando sanciones, amonestaciones, multas o, en su caso, anulación de elecciones. Hecho que deja precedentes para que los legisladores examinen, propongan y modifiquen la norma electoral con el objeto de mejorar la siguiente elección.
En la mayoría de las ocasiones, las voces que han cuestionado la efectividad del árbitro electoral han sido los candidatos, partidos, ciudadanos, instituciones académicas, medios de comunicación, rara vez lo hacen gobiernos. Ante ello, preocupa que el Titular del Poder Ejecutivo Federal, acuse al máximo orden en materia electoral de prestarse a fraudes electorales durante las elecciones modernas. Estos señalamientos vulneran la autonomía del árbitro electoral, genera desconfianza sobre la organización, ejecución y vigilancia de cara al próximo proceso electoral de 2021.
El Índice de Desarrollo Democrático 2019 publicado en enero del presente año, en su dimensión “democracia de las instituciones” analiza el estado de derecho, la calidad institucional y la eficiencia política. Este indicador resalta que la puntuación aumentó de 3,234 puntos en 2018 a 4,097 en 2019. Dicho estudio se presenta anualmente y está respaldado por rigurosas instituciones académicas de prestigio nacional e internacional, sus resultados son útiles para el diagnóstico, la proyección y planificación de políticas que contribuyen a la consolidación de las instituciones públicas.
En este sentido, el desarrollo de la democracia está vinculado a la creación de instituciones que hacen valer los derechos y libertades del ciudadano, al mismo tiempo que se crean las condiciones para garantizar la mejora constante.
En México tenemos órganos electorales ciudadanos (IFE-1990, TEPJF-1996, INE-2014) que se han fortalecido, especializado y consolidado con las reformas realizadas después de cada proceso electoral. Contamos con una conformación ciudadana en el Consejo General, Consejos Distritales, Consejos Municipales y Juntas Locales Ejecutivas, más los miles de ciudadanos que se desempeñan como funcionarios en las Mesas Directivas de Casilla. Esta es nuestra principal fortaleza, contar con un ejército de ciudadanos con capacidad técnica y operativa durante los procesos y el día de la jornada electoral.
Es así como miles de mujeres y hombres se convierten en guardianes de las elecciones como funcionarios de casilla, observadores electorales y representantes de los partidos. Juntos conforman la enorme valía del compromiso democrático, coadyuvemos a que la labor de los políticos y gobiernos se restrinja a fomentar el respeto de la voluntad popular, la promoción de la participación y las garantías para la autonomía e independencia de los órganos electorales.
