Nuestro país -y buena parte del mundo- se ahorraría miles de cadáveres, sepelios, fosas comunes, balaceras y toda esa sanguinaria estela que suele caracterizar el presunto combate a la venta de estupefacientes, si se admitiera, aunque sea por mera formalidad, pues contra la estupidez hay poco qué hacer (el gran Isaac Newton lo descubrió con los especuladores financieros cuando fue director de la Casa de Moneda de Londres).
Esto quiere decir que insistir en los mismos métodos para intentar remediar un problema después de una prolongada hemorragia de algo semejante o incluso mucho más que una guerra civil, sin siquiera explorar otras posibilidades, no es nada precisamente inteligente, así las formas se modifiquen una y otra vez.
Hoy, con la detención en los Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos, titular de la Defensa Nacional durante el sexenio encabezado por el ex presidente Enrique Peña Nieto, se abre un nuevo culebrón sobre un tema en el cual ya se deberían estar buscando opciones distintas a las tradicionales de “policías y bandidos” y “sangre y fuego” (para ser más precisos, la despenalización).
La captura del general no es un tema menor: se trata, sí, de un hecho histórico pues nunca ningún militar de tan alto rango había sido aprehendido por presuntas vinculaciones con grupos delictivos, especialmente dedicados a la venta y distribución de drogas.
Según las autoridades del país que más consume drogas en el mundo y, por ende, es un paraíso de narcotraficantes, el general Cienfuegos fue acusado de cuatro cargos: tres por conspiración de manufactura, importación a Estados Unidos y distribución de drogas ilícitas, y uno por lavado de dinero.
Aseguran que el militar apoyó al cártel H-2, de Juan Francisco Patrón Sánchez (sucesor de Héctor Beltrán Leyva) para traficar miles de kilogramos de cocaína, heroína, metanfetaminas y mariguana a Estados Unidos (es de suponer que todas esa toneladas fueron distribuidas, quizás no en las meras narices de la policía de ese país, pero sí en las calles que supuestamente patrullan).
Obviamente, el general fue “sobornado” y permitió que ese grupo criminal actuara con toda impunidad en México (como sin duda se hace también en calles estadounidenses).
La doble moral respecto de las drogas en el país vecino no es, pues, nada nuevo, pero el caso es que de este lado la estamos importando y se ha venido arraigando sin medir los saldos funerarios ni las consecuencias sociales e institucionales que todo esto ha venido generando.
La captura es justo el resultado de enviar a las fuerzas militares a combatir un delito que no debería serlo más, y que en vez de generar escándalo y presunta indignación tendría que mover a una profunda preocupación, reflexión y acción pues si las fuerzas armadas (mandos como el del calibre mencionado) están evidentemente contaminadas por el crimen organizado, ¿qué queda? Nada. (Y nada es nada).
Por motivos de confesiones religiosas inconfesables o de abierta participación en el negocio, o de cualquier otra índole, el tema de las drogas en nuestro país sigue evidenciando la ausencia de altura de miras en el Poder Público y se ha mantenido el status quo, favoreciendo con ello un narcoestado frente al cual no es posible cerrar los ojos ni continuar con las mismas pueriles estrategias (presuntamente parte de acciones de “inteligencia”, que en realidad han demostrado todo lo contrario).
