En días anteriores se dio cuenta de la cifra récord en remesas que los paisanos residentes en Estados Unidos envían a México. Para sorpresa de todos, alcanzó la increíble cantidad de $51,594 millones de dólares. La buena noticia es que nuestro estado ocupa el cuarto lugar nacional entre las entidades receptoras, $3,146 millones. La triste realidad es que semejante monto de dólares recibidos por muchas/os mexiquenses habla del impulso a la economía que ha emprendido Joe Biden. Las medidas económicas para corregir el daño causado por la pandemia han permitido recuperar empleos y nivel de salarios. Gracias a estas decisiones nuestras/os paisanas/os pudieron compartir sus ingresos con sus familiares en México.
Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional estableció una probable meta de crecimiento del PIB nacional en 2.8%, y la Secretaría de Economía dice que será del 2.6% para este año. Más optimista, partiendo de “sus otros datos”, el Presidente mencionó que sería de 5%. En el contexto de estas declaraciones sobre el crecimiento del PIB traigo a colación el Índice de Progreso Social (IPS) de “México cómo vamos”, organización no gubernamental, que mide las necesidades humanas básicas, así como los fundamentos del bienestar y oportunidades. De acuerdo con el IPS: 1)el crecimiento económico y producción sostenida son necesarias para el progreso personal ; 2)sin crecimiento económico, el progreso será insuficiente; 3)el crecimiento en sí mismo no es garantía de desarrollo si no hay reglas justas y administraciones honestas y 4)con crecimiento moderado es posible mejorar el bienestar si se administran bien los recursos.
Este índice es contundente y lapidario pues muestra que los derechos personales, especialmente la seguridad personal, son los peor evaluados. Para muestra, en una revisión de 160 países, México ocupa el lugar 122 en censura a periodistas, el 129 en equidad y acceso a la salud y el lugar 136 en el funcionamiento de las instituciones de justicia. Hacia el interior del país, el Estado de México está referido con nada buenos números. Por ejemplo, en el apartado de necesidades humanas, y en particular la seguridad, ocupamos el lugar 25 de las 32 entidades y en el factor de bienestar ocupamos el lugar 28 básicamente debido a la mortalidad por diabetes y en el rubro de oportunidades el índice coloca a la entidad en el último lugar por la incidencia de la corrupción.
Por otro lado, Viri Ríos, en su libro “No es normal”, plantea que somos un país desigual porque desde el cobro de impuestos y la distribución de los servicios y programas, en nuestro país nacer pobre es ser pobre de por vida. Según esta autora tan sólo un 3% de quienes nacen en pobreza llegan a tener un nivel económico alto. Un primer aspecto que determina esta situación es la poca inversión en servicios de calidad que generen oportunidades. Tan sólo el 20% del PIB nacional se invierte en salud, educación o transferencias directas. No existe un Estado benefactor el gasto en programas sociales en 2021 es prácticamente igual que en el 2016, esto ha representado el 5 % del PIB en salud y el 3.5 % de todo el sector educativo. La poca inversión en servicios para fortalecer el desarrollo personal ha disminuido considerablemente con las decisiones tomadas en el gobierno federal actual.
Un segundo aspecto de la desigualdad es que no se gasta en quien más lo necesita, el 10% de los más ricos recibe el 8% del gasto total y el 10% de los más pobres recibe el 10%, es decir, casi lo mismo. Los programas sociales crecieron el 38% al 40% casi nada, la causa: con criterios electorales desaparecieron los programas focalizados y al hacerlos universales de desprotegió a quien más necesita apoyo. Las entregas de dinero a adultos mayores son el mejor ejemplo, pues más benefician a quienes viven en las colonias de mayor ingreso en el país. Incluso becas como “jóvenes construyendo futuro” o becas Benito Juárez incrementan la desigualdad, comparado con otros estudiantes o no estudiantes que no tienen ese apoyo. El otro ejemplo es la salud, asegurada para los trabajadores de la economía formal, mientras que quienes antes tenían seguro popular, se quedaron sin el apoyo. La protección a la salud cayó, en los últimos tres años, en 18% per cápita. Ríos sostiene que una tercera causa es que se destina más dinero en inversión a los estados más ricos y no se gasta en las zonas más pobres del sur del país como podría ser infraestructura.
La tarea de abatir la desigualdad enfrenta varios mitos. Para unos el gobierno tiene mucho dinero y para otros los servicios públicos que presta, con los recursos que cuenta (mal administrados, por lo demás) son altamente deficientes. Lo cierto es que requerimos un gobierno funcional que sea capaz de aumentar la recaudación y gastar eficientemente para dar mejores servicios públicos. Se necesita focalizar los programas y que lleguen a las personas más desprotegidas, por ejemplo, impulsar la cobertura universal de salud sin que dependa de la situación laboral de los derechohabientes.
La mejoría en la prestación de servicios y programas de apoyo debe contar con reglas de operación eficientemente diseñadas y el incremento de la inversión (pública y privada), en los lugares que más lo necesitan, debe partir del respeto a las leyes y de la existencia de un estado de derecho sólido que permita a todos los actores económicos actuar con la certeza del respeto a su esfuerzo. En pocas palabras, las zonas más empobrecidas del país, deben ser traídas al siglo XXI, en todos los aspectos del desarrollo social y político. Requerimos un gobierno para todas/os, que gobierne sin buscar el permanente enfrentamiento entre unas/os y otras/os que sea ejemplo en aspectos cruciales como el impulso a la cultura de la legalidad, la transparencia y rendición de cuentas, así como el combate a la impunidad y la corrupción.
*El autor es Maestro en Administración Pública y Política Pública por ITESM. Y Máster en Comunicación y Marketing Político por la UNIR.
