La revocación del mandato presidencial, que fue el primer ejercicio realizado en la historia de México, tenía como objetivo –en la estrategia del presidente, Andrés Manuel López Obrador- constituirse en una expresión contundente de su popularidad. La meta era mostrar a la sociedad y sobre todo a sus adversarios que él sigue teniendo el respaldo de la mayoría de la ciudadanía.
El ejercicio falló. Solamente votaron 16 millones 502 mil 636 personas registradas en la Lista Nominal de Electores. Del total de votos, un millón 63 mil 209 expresaron “que se le revoque el mandato por pérdida de confianza” (6.44 por ciento) y 15 millones 159 mil 323 votantes se manifestaron por “Que siga en la presidencia de la República” (91.86 por ciento). Además, 280 mil 104 personas decidieron anular el voto (1.69 por ciento).
En total, apenas participó el 17.7 por ciento de las ciudadanas y ciudadanos y para que fuera vinculante el ejercicio, se requería un 40 por ciento del total, pero “algo es algo” dirá alguien, sobre todo cuando apenas –por los recortes presupuestales establecidos al Instituto Nacional Electoral (INE)- se instaló el 30 por ciento de las casillas que normalmente se colocan para una elección presidencial.
Si contrastamos esos datos con la votación que obtuvo en 2018: 30.1 millones de sufragios, podríamos señalar que no se pudo confirmar el “músculo electoral” de Morena y del presidente, a pesar de las claras (cínicas) violaciones de la ley y del esfuerzo del aparato oficial para promover la consulta y llevar votantes a las urnas.
Quizá, entre el inicio del periodo vacacional y el desgaste natural del ejercicio del poder, el presidente no logró su objetivo. Mostrar, nuevamente, una mayoría apabullante, pero el hecho es que se gastaron mil 567 millones 400 mil pesos en un ejercicio estéril que solo pretendía elogiar al líder morenista.
El segundo momento complicado del presidente fue el rechazo de su iniciativa de Reforma Eléctrica que pretendía modificar la Constitución Política, pero el bloque opositor -integrado por los partidos: Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), así como algunos votos de legisladores del Partido Verde- logró detener la propuesta (y el deseo) presidencial.
Adicionalmente, la estrategia de mercadotecnia política de la oposición en la Cámara de Diputados –operada en medios de comunicación y fundamentalmente en redes socio digitales- significó resucitar a los partidos opositores, que estaban ansiosos de detener a la aplanadora morenista que, durante los primeros tres años del actual gobierno federal, prácticamente hizo lo que quiso por tener la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Mayoría que se rompió el año pasado en las elecciones federales.
Esa voluntad de la ciudadanía expresada en los comicios de 2021 rindió frutos y se concretó con este primer freno que, simbólicamente, le viene muy bien a la oposición, sobre todo cuando están en juego seis gubernaturas en México (Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas), y cuando se aproxima la elección del Estado de México en 2023.
“Sin querer queriendo” el presidente López Obrador creó el escenario adecuado para que la oposición se recolocara y enviara el mensaje a la sociedad de que sí es posible detener el avance de Morena. Habrá que observar si eso se refleja en las elecciones estatales de este año.
PERCEPCIÓN
En lo que toca al Estado de México, parece que en el PRI las cosas se están acelerando. Ana Lilia Herrera Anzaldo, diputada federal por el distrito 27 con cabecera en Metepec, logró notoriedad estratégica en la lucha para detener la iniciativa presidencial de la Reforma Eléctrica y apareció en primera fila junto a la dirigencia nacional del PRI, lo que a varios actores locales no les gustó.
Coincidentemente a ese activismo natural en la Cámara de Diputados Federal, el lunes siguiente, el secretario general de Gobierno, Ernesto Némer Álvarez (otro aspirante a la gubernatura desde hace varias décadas) inició una “estrategia informativa” para comunicar los resultados en materia de seguridad en el Estado de México. En “Mensaje a Medios” expuso los “resultados” en esa materia, que se vinieron abajo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que divulgó el INEGI este martes.
Y este mismo martes, en un medio de circulación nacional –muy empleado por la estructura gubernamental mexiquense- otra secretaria, Alejandra del Moral, titular de Desarrollo Social, expresó abiertamente su deseo de ser gobernadora del Estado de México. Fiel a su perfil, Del Moral manifestó sin tapujos su aspiración, hecho que puede abonarle positivamente, pero con ello –a partir de ahora- todo lo que haga podría ser considerado “acto anticipado” si es que ella es elegida por su partido como candidata a gobernadora y será más observada por el uso de recursos públicos.
Es así como se intensifica la lucha por la candidatura priista, mientras Enrique Vargas del Villar, sigue en su estrategia de posicionamiento: sistemática, ordenada y muy en tierra, sin la presión que significa una responsabilidad pública compleja. La diputación local le da buen margen de maniobra.
Del resto de quienes aspiran, comentaremos en otro momento, aunque ya empezó la proyección de Alejandro Encinas, en Morena, hecho que no tendrá de buen ánimo al Grupo Acción Política liderado por Higinio Martínez Miranda.
