Estimado lector, no me equivoqué en el término, en efecto me refiero a los actos perversos que se están perpetrando en el desarrollo del proceso electoral, en el que se elegirán a jueces, magistrados y ministros de la Corte, actos que desde luego, además de la perversión, encierran acciones inequitativas, donde los principales afectados serán los candidatos que se postularon para un cargo y no pertenecen a un grupo político caciquil que los apoye en la movilización de los votantes el día de la jornada electoral.
Tan solo unos cuantos días después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación autorizara que se hiciera promoción del proceso electoral desde la esfera gubernamental, el pasado 19 de abril sesionó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, atendiendo a un par de sentencias emitidas por el tribunal electoral ya citado, sesión en la que se emitieron criterios muy difíciles de cumplir en la organización de foros, conversatorios, conferencias y encuentros de los candidatos con la sociedad civil.
La versión estenográfica de la sesión se puede consultar en la liga de internet: https://ine.mx/sesion-extraordinaria-del-consejo-general-19-de-abril-de-2025/, documento electrónico que da constancia de los cuestionamientos que se hicieron a la autoridad administrativa electoral y que se respondieron en términos del requerimiento que realizará para ello la autoridad judicial en la misma materia. Sobre este tipo de encuentros, los sectores de la sociedad civil que pretendan organizarlos no pueden elegir el solo invitar a los candidatos con los que tengan contacto, sino que deben correr la misma invitación a cuando menos el 51% de los candidatos al mismo puesto en el mismo ámbito territorial.
Es algo así como hacerle la campaña al INE y a los organismos electorales en las entidades federativas, invitando a todos los candidatos, limitando incluso nuestra libertad de promover solo a los candidatos que sean de nuestra preferencia.
Desde luego que, en medio de la posible inocuidad de lo que narramos, no se puede negar que existen demasiadas dudas y aspectos no considerados en el desarrollo de la contienda, sobre todo en la etapa de campaña electoral; pero en la interpretación de la ley no se está visualizando el alcance que tendrán las respuestas que se están dando a esas preguntas en cada uno de los candidatos, los que contienden en condiciones verdaderamente diversas.
No todos los candidatos y candidatas se encuentran en la misma situación, y por tanto, las determinaciones del INE para el desarrollo de las campañas no tienen el mismo alcance en cada caso; es un hecho que hay candidatos que han sido postulados por los mismos caciques que gobiernan las presidencias municipales, alcaldías y los gobiernos estatales, frente a quienes ya ocupan un cargo de juzgadores y que curiosamente en este momento están siendo objeto de auditorías, y los candidatos de a pie, que creyendo que la elección se dará sobre piso parejo, se postularon independientemente, esperanzados en que sus horas de caminata y sudor los llevarán a ocupar un cargo y tener un sueldo bastante aceptable.
Las medidas tomadas por el Consejo General del INE son cuestionables, afectan directamente a los juzgadores en funciones, así como a los candidatos independientes, no así a los candidatos postulados desde la esfera gubernamental, donde le apuestan a la desaceleración de las campañas de los primeros y a la movilización del electorado a favor de los últimos el día de la contienda electoral por los grupos que en cada región tienen el control político, colocando a la gente afín a la esfera gubernamental, lo que ni remotamente garantiza la independencia del poder judicial.
Es inevitable ver con ojos de malicia lo compartido en esta entrega; mientras por un lado se frena el proselitismo “one to one” de los candidatos independientes, extrañamente se está auditando a los juzgadores en funciones que también están en campaña; por el otro, los candidatos oficialistas de los grupos de poder andan libremente haciendo sus encuentros, sin la preocupación de tratar de convencer al mayor número de electores a su favor; la movilización de votantes está garantizada a su favor, como ya se dijo, la realizarán los jefes políticos en cada región, sobre todo los que pertenecen al partido en el poder.
ADDENDA
Único. Sobre el audio filtrado que se achaca al rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, en medio de otro proceso electoral, el de la elección del próximo rector de esta casa de estudios.
La UAEM publicó un comunicado en el que informó a la opinión pública que han iniciado una denuncia penal por la publicación de un audio que, dicen ellos, está manipulado. No debemos tapar el sol con un dedo, mucho menos pretender darnos atole con el mismo, sobre todo cuando existen diversos directivos universitarios que, como servidores públicos, tienen obligaciones legales, so pena de incurrir en responsabilidad administrativa y hasta penal en caso de no cumplirlas.
Partiendo de lo anterior, surgen varias preguntas: • ¿Cómo se ha llegado a la conclusión a priori de que el audio está manipulado? • ¿No está obligado el Órgano Interno de Control a iniciar una investigación de oficio y determinar a partir de ella si el audio fue o no manipulado? • ¿Ya iniciaron la denuncia penal contra el rector por la posible comisión de actos delictivos de índole patrimonial?, claro, presumiendo su inocencia. Ojalá la UAEM y sus directivos dejen de hacer todo para que supongamos que, en efecto, este proceso electivo es inequitativo e inicuo.
Hasta ahora van bien si ese es su objetivo, estamos bastante convencidos de que es así. Lo comento por si en su interés estaba mostrar la legalidad, equidad y transparencia en el proceso que se lleva a cabo.
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Abogado postulante y miembro de la Escuela para la Formación Política y Sindical A.C.
