A México ha vuelto el debate sobre el dinero destinado a las campañas y la necesidad de acabar con los financiamientos ilegales. La compra de candidatos es el primer paso hacia la corrupción pues, quienes vencen en las elecciones, están obligados a favorecer con sus decisiones de gobierno a los que metieron dinero a sus campañas, aunque esto signifique, en muchas ocasiones, garantizar privilegios, actuar por encima de la ley y beneficiar a las minorías. Además, hacen del ejercicio democrático un absurdo desperdicio de dinero, en un país en el que resulta grotesco el dispendio de miles de millones de pesos habiendo tanta pobreza y profundas desigualdades.
El proceso para elegir a nuestras autoridades es inmoral y excesivamente caro, fundamentalmente por tres acciones de la partidocracia (especialmente a nivel local) que inflan los presupuestos y hacen demasiado opaco las contiendas democráticas. En primer lugar, los institutos políticos invierten enormes cantidades para movilizar y comprar votos, lucrando con la necesidad de los mexicanos, ofreciéndoles muy poco a costa de concentrar más poder. En segundo término, se celebran convenios de promoción en los que los candidatos municipales se hacen de cobertura mediática. Y, finalmente, desvíos y desfalcos al presupuesto de campaña por aquellos miembros del equipo que utilizan los recursos y donativos para enriquecerse.
Es por esta ambiciosa necesidad de juntar tanto dinero que los candidatos están dispuestos a venderse al mejor postor, pactando con ricos y poderosos que invierten con la expectativa de multiplicar sus “donaciones” una vez que su gallo tome posesión. Por ese inmoral intercambio de favores la mayoría de los mexicanos queda desamparada y alejada completamente de la política pues, los gobernantes, utilizan el poder político para quedar bien con sus benefactores y asegurarse que lo invertido en la campaña rinda frutos económicamente. Dedican el ejercicio del poder a cuidar los intereses privados de quien los respaldó y los millones de mexicanos en situación de pobreza, que necesitan de un Estado capaz de edificar oportunidades, únicamente reciben migajas al no ser prioridad de aquellos que vencieron en las urnas con apoyo de una élite. Es forzoso, por el bienestar del país, acabar con este sistema de compraventa de posiciones y candidaturas para conseguir que quienes accedan a puestos, lo hagan para ver por el desarrollo de todos y no para proteger los intereses de unos pocos.
No se pueden permitir más agravios a la democracia porque es ahí donde comienza la corrupción y los tratos que alejan a las instituciones del pueblo al que representan. Urgen reformas al financiamiento de las campañas políticas, se deben combatir prácticas tan deleznables como la adquisición de votantes y la compra de promoción, ambas no sólo elevan sustancialmente el costo de la democracia también la hacen de menor calidad al permitir que quienes lucran con la pobreza y sesgan la labor de los medios tengan toda la impunidad posible. De conseguir cambios profundos estaremos dando el primer paso en el combate a la corrupción.
