La decisión del próximo domingo 6 de junio será crucial, en muchos sentidos, para el país. Lamentablemente, los hechos de violencia que se han presentado en diferentes partes de México han empañado el ambiente y han generado tensión en diferentes sectores -empezando por quienes tendrán como responsabilidad ser funcionarias y funcionarios de Casilla.
La información que ha circulado en redes sociales y que se han extendido a los medios de comunicación y de información, ha provocado que la percepción de una jornada electoral tranquila se diluya ante las noticias que recibimos, en el sentido de que ha habido secuestros, atentados y homicidios en contra de candidatas y candidatos.
Casi 90 personas han perdido la vida en la búsqueda del voto que, quizá, les hubiera permitido asumir una responsabilidad política en los ámbitos municipal, estatal y federal.
Tristemente, los hechos de violencia que se han visibilizado desde el inicio de las campañas políticas no han sido lo suficientemente contenidos y, mucho menos, castigados.
Adicional a esos lamentables y reprobables acontecimientos, la permanente descalificación de las instituciones electorales, empezando por el Instituto Nacional Electoral (INE) tampoco han cesado y generan un ambiente turbio y confuso, sin que exista la tranquilidad de que habrá un proceso electoral que dé certidumbre a la sociedad en general.
Un día sí y otro también, se divulgan contenidos -muchos de ellos manipulados- con el único objetivo de desprestigiar a quienes están en la contienda y surgen expresiones que pretenden generar la percepción de que las autoridades responsables de la elección actúan con un sesgo de intereses que “afecta” a la mayoría de la gente.
También se han visibilizado y multiplicado mensajes de campaña que abonan a la polarización en la que nos encontramos desde 2017 y que no ha disminuido; por el contrario, se han intensificado y poco se escucha de propuestas o formas para resolver problemas en la sociedad que ameritan urgente resolución.
Hemos llegado a un punto en el que -en la mayoría de los casos- no habrá que elegir con respecto a quién ofrece las mejores propuestas, sino con respecto a quiénes son “lo menos peor”.
Es urgente que como sociedad exijamos y trabajemos para obligar a la clase política a fortalecer y mejorar, tanto los perfiles de quienes compitan para la toma de decisiones, como para que los procesos electorales generen certidumbre y -sobre todo- apego absoluto a la legalidad.
La única forma de hacerlo es con una participación informada y activa para elegir correctamente quiénes decidirán durante los próximos 3 años, tanto en los gobiernos locales de los municipios y alcaldías, como en el ámbito legislativo que es donde se determinan cambios legales que modifican, en mucho, lo que ocurrirá en los siguientes años.
El espacio clave para esta elección y para la definición de lo que suceda en el Estado de México y en el país serán tanto la Legislatura estatal como la Cámara de Diputados federal, porque son el poder donde se pueden generar los contrapesos necesarios y perfilar las políticas públicas locales y nacionales.
Le invito a que reflexione profundamente y se dé el tiempo para conocer a quienes buscan el voto, más allá de lo que digan las encuestas, las cuales -ahora más que nunca- se han convertido en un mecanismo de propaganda y que -con la intervención tan intensa de las redes socio-digitales- han contribuido a generar confusión, desorden, incertidumbre e incluso -desde mi perspectiva- a desalentar la participación de la ciudadanía.
Votemos, por quien consideremos la mejor opción, pero hagámoslo con la mejor información posible y pensando en los siguientes años, no en el “apoyo” que ahora pudieran darnos, porque ese se acabará pronto, muy pronto.
PERCEPCIÓN
Parece que habrá un cambio en el balance de fuerzas en el Estado de México y aunque no se prevé una gran alternación, todo indica que Morena perderá ayuntamientos clave, pero mantendrá la mayoría en la LXI Legislatura estatal.
